La fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, ha entregado este jueves la Memoria 2015 de la Fiscalía de Castilla y León a la presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente.

Este documento recoge la actividad de los fiscales de la Comunidad a lo largo de 2014 y fue presentado por la Fiscalía General el pasado mes de septiembre, tras lo que se presentará ante los grupos parlamentarios en la Comisión de Presidencia con el objetivo de dar una visión de la Fiscalía de Castilla y León.

Según ha informado la Cámara autonómica, durante el encuentro con la Fiscal Superior de la Comunidad, Clemente ha agradecido el trabajo realizado por la Fiscalía en la elaboración y presentación ante de esta Memoria que permite dar una visión de su funcionamiento en Castilla y León.

A partir de los datos que contiene este documento, como ha señalado en el encuentro la presidenta del Parlamento, se puede conocer la evolución de la criminalidad en la Comunidad y planificar las medidas de política criminal "adecuadas" para la "efectiva persecución de los delitos más frecuentes".

La Fiscalía de Castilla y León, con sede en Burgos, ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y cuenta con nueve fiscalías provinciales y una en el área de Ponferrada.

La Fiscalía Superior de Castilla y León elabora, durante el mes de marzo de cada año, sobre la base de las Memorias Provinciales que se realizan en los dos primeros meses, la memoria anual de esta institución que recoge la actividad desarrollada por los fiscales de la Comunidad.

Se trata de un documento que sirve para redactar la Memoria Nacional de la Fiscalía General del Estado que se presenta anualmente en el mes de Septiembre en un acto presidido por el Rey.

Además de presentar la memoria anual, la Fiscalía, tal y como establece la Ley 50/1981 de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, comparecerá ante las Cortes de Castilla y León, siempre que no exista obstáculo legal, para informar sobre los asuntos que solicite el Parlamento autonómico.