La empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) no cumple con todos los requisitos para ser considerada "medio propio" de la Administración Pública autonómica, según desvela un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este viernes.

La Sindicatura cree que los ingresos que percibe GITPA por las tareas que realiza para el Principado son "marginales" en comparación con los que recibe de manos privadas, como los beneficios obtenidos por los trabajos realizados para los operadores de telecomunicaciones que prestan sus servicios a los ciudadanos a través de la Red Asturcón.

La sociedad, argumenta la Sindicatura, "no realiza la parte esencial de su actividad para la Administración de la que depende" desde 2012. De hecho, consideran "accesorio" el ingreso que recibe del Principado por sus servicios de conectividad a los hospitales de la red pública, al suponer únicamente el 29,99 por ciento del total de la cifra de negocios —el 69,87 por ciento de los ingresos de 2013 provienen de terceros—.

Esta es la principal conclusión que la Sindicatura ha sacado del informe definitivo de fiscalización sobre encomiendas de gestión de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos dependientes.

En el documento, la Sindicatura también advierte de aspectos en algunas encomiendas —externalizaciones de servicios— que no se ajustan a la legalidad. Entre ellas han destacado el riesgo de que las encomiendas realizadas al Serpa, Tragsatec y Tragsa, puedan implicar una "efectiva puesta a disposición de trabajadores en favor de la Administración encomendante, lo que podría dar lugar a una cesión ilegal de trabajadores".

Sobre la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A (Serpa), la Sindicatura hace referencia a las encomiendas realizadas por las consejerías de Bienestar Social y Vivienda, Hacienda y Sector Público y Agroganadería y Recursos Autóctonos en 2013.

La encomienda realizada a Tragsatec —miembro del grupo Tragsa— que podría incurrir en esta irregularidad se refiere a la ejecución de campañas de saneamiento ganadero en el año 2014; mientras que la encomienda a Tragsa se refiere a la consultoría y asistencia para el control técnico y económico de los reglamentos de aplicación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

Las conclusiones de la Sindicatura reflejan además que ninguna de las encomiendas analizadas consta de un análisis "previo y riguroso" que justifique la elección de ese sistema de gestión frente a otras posibles alternativas como la licitación pública.

Los datos

La Sindicatura ha realizado el análisis en 23 de las encomiendas que se han realizado en el Principado de Asturias durante el año 2013, de un total de 135. En concreto, el 36,39 por ciento de las encomiendas se han otorgado a Tragsa, el 26,15 por ciento a Tragsatec, el 17,27 por ciento al Serpa, el 7,4 por ciento al Sadei, el 6,26 por ciento a Vipasa, el 4,05 por ciento a Gitpa, el 1,9 por ciento a Recrea y el 0,58 por ciento a Fasad.

Según la entidad encomendante, la Sindicatura revela que la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos concentra el 57,39 por ciento del presupuesto total de las encomiendas del año, seguida por Bienestar Social y Vivienda (9,54%); Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (8,09%); Economía y Empleo (8,02%); Sanidad (3,43%); Hacienda y Sector Público (2,23%); Educación, Cultura y Deporte (0,87%); y la Consejería de Presidencia (0,21%).