La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha elaborado un informe en el que se plantean 20 recomendaciones, 15 sugerencias y dos recordatorios de deberes legales a las administraciones locales para lograr ciudades accesibles y sostenibles "en términos reales", y ello ante "infinidad de quejas" recibidas.

Se trata del 'Informe relativo a seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas', que el propio Maeztu ha presentado este miércoles en la comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, y que ha sido elaborado a partir de encuestas realizadas con más de 80 municipios de poblaciones superiores a 20.000 habitantes, así como con información recibida del movimiento asociativo de personas con discapacidad y las asociaciones en defensa de derechos del peatón.

El Defensor ha explicado en su intervención que en el origen del informe se sitúa la "infinidad de quejas" que recibe la oficina en materia de ruidos, contaminación, conciliación de ocio y descanso, seguridad vial o barreras arquitectónicas, y con dicho documento se ha querido agrupar "otra manera de concebir la ciudad" con propuestas para "mejorar la gestión en seguridad vial, la accesibilidad y calidad ambiental en los itinerarios y otros espacios urbanos".

Maeztu ha aseverado que aunque se han dado "bastantes pasos en la dirección correcta", aún no hay "modelos de ciudades inteligentes" y verdaderamente "participativas", por lo que ha demandado pasos "mejor coordinados y sin posibilidad de retorno hacia atrás".

A partir de este informe, el Defensor del Pueblo Andaluz reclama el impulso de "un modelo de movilidad sostenible" que diseñe una ciudad "amable y habitable", así como "una nueva manera de entender la peatonalización", que no se puede limitar a ampliar el número de espacios peatonales, según ha argumentado.

Además, aboga por confeccionar un "mapa inventario de los obstáculos móviles, fijos, existentes en aceras, espacios libres o zonas verdes" para los ciudadanos, "valorando los riesgos por tropiezos, caídas, los puntos negros por accidentes de tráfico", y en esa línea ha apuntado un "relajamiento" desde las administraciones en materia de accesibilidad en las ciudades.

Así, ha lamentado que aunque "se estaba percibiendo un claro avance en medidas transversales para garantizar la normalización" de los colectivos de personas con discapacidad, "se ha bajado la guardia" y en dicha población se aprecia una "regresión" al respecto. "Así no podemos continuar", ha advertido Maeztu, que ha abundado que suprimir barreras "no es tanto cuestión de dinero como de ser sensibles y hacer las cosas de otra manera".

Igualmente, el informe se detiene en la "calidad ambiental" de las ciudades, fijándose en la contaminación acústica, lumínica, ambiental y visual, contra las que plantea una serie de recomendaciones, como "planes para la reducción de gases de vehículos motorizados, que se impulse el uso de medios de transporte público colectivo, los desplazamientos a pie o en bicicleta, o el uso de vehículos compartidos o eléctricos".

Asimismo, ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad de poderes públicos y la sociedad civil" para atajar la contaminación acústica, porque en Andalucía se registran unos "niveles de ruido muy superiores" a los de la media de la UE, de ahí que demande "planes efectivos de acción contra el ruido" y abogue por "controlar las emisiones acústicas emitidas por locales de hostelería y su entorno".

Respecto a la contaminación visual, el Defensor aprecia una "inaceptable pasividad", y anima a los ayuntamientos a que mediante "las normas de planeamientos o las ordenanzas municipales se incluyan normas contra el daño en el patrimonio histórico de las ciudades".

Al hilo, Maeztu ha querido aclarar que la institución a la que representa "no está en contra del ocio o del empleo" que se genere con el mismo, pero resulta una "obligación" el que se pueda "conciliar el ocio y el descanso". En esa línea, ha criticado a restaurantes que "todo lo que tienen dentro" del local "lo sacan a las aceras", imposibilitando el paseo por las mismas de las personas, cuando "la acera es de los peatones", según ha enfatizado.

"déficit democrático"

Por otro lado, el Defensor aprecia un "déficit democrático" en la construcción de ciudades sostenibles, de modo que echa en falta "perspectiva de género al afrontar estas políticas", y apunta una "escasa participación de la ciudadanía en el diseño del modelo de ciudad", algo negativo porque, según ha advertido, "sin la participación ciudadana", las medidas que se planteen por las administraciones "no son asumidas ni sentidas" por los vecinos.

En esa línea, ha reclamado a los ayuntamientos que adopten "posiciones reales de gobiernos abiertos", y ha afirmado que "una ciudad no es inteligente" solo por la existencia de una "diversidad de sensores o una amplia información sobre servicios en páginas web".

"No cabe confundir el fin —crear ciudades inteligentes— con el medio", ha defendido Maeztu, que ha concluido su intervención haciendo un llamamiento para no guiarse "por el espejismo que reflejan normas aprobadas", sino en fijarse "con mirada crítica en la realidad cotidiana vivida por la ciudadanía" y caminar hacia el modelo de ciudad "en términos reales segura, accesible y sostenible que todos demandamos".

Valoraciones de los grupos

Los distintos grupos parlamentarios han coincidido en valorar la aportación del informe presentado por el Defensor. Al hilo, la diputada del PSOE-A Manuela Serrano ha citado normas impulsadas por la Junta de Andalucía encaminadas hacia la sostenibilidad de las ciudades como el programa 'Ciudad 21', y ha defendido que desde la Administración andaluza se está dando respuesta a las "justas demandas" de personas con discapacidad, si bien asume que "falta camino por recorrer".

Por su parte, el parlamentario del PP-A Guillermo García de Longoria se ha mostrado de acuerdo con la idea de que "un espacio no es peatonal solo porque no circulen coches por ellos", al tiempo que ha defendido que "los espacios peatonales aportan calidad de vida y aumentan el dinamismo comercial", por lo que ha realizado un llamamiento a la Junta para que "colabore, guíe e invierta" para la consecución de los mismos.

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha valorado que el informe "analiza a la perfección la realidad de las ciudades", por lo que se ha preguntado "cuándo vamos a tomarnos en serio el reto" de lograr una "ciudad sostenible". En esa línea, ha defendido que se fomente el desplazamiento peatonal y el uso de la bicicleta, entre otras medidas también dirigidas a "disminuir la contaminación acústica".

Por parte de Ciudadanos ha intervenido Carlos Hernández, quien ha coincidido en que en esta materia "hay mucho que mejorar" y en el informe "se pone de manifiesto que los poderes públicos en las ciudades no están incorporando las demandas de los ciudadanos para mejorar el día a día de las personas que circulan" por sus calles, por lo que ha animado a "hacer autocrítica y tomar las medidas para que las ciudades sean de las personas".

Por último, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha felicitado a Maeztu por el informe y ha reclamado también un "análisis autocrítico" desde los representantes públicos, y al hilo se ha referido a los "planes de ordenación urbana claramente especulativos" elaborados que no han propiciado ciudades "a la medida de las personas, que es lo que defiende IU".

Tras las intervenciones de los grupos, el Defensor ha cerrado su comparecencia defendiendo la importancia del informe en cuestión, que "no es uno menor", ya que aborda una materia en la que "están en juego los derechos de la ciudadanía".