Los grupos políticos que se han adherido a la declaración sobre la situación de Cataluña bajo el título 'Por el futuro de todos' han escenificado este martes en las Cortes de Castilla y León su respaldo a la misma en un acto encabezado por la presidenta del Parlamento regional, Silvia Clemente, y al que ha asistido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

Este documento, que ha contado con el apoyo de representantes del panorama político regional, pero también del tejido social y económico, rechaza la "desconexión" iniciada en Cataluña y aboga por respetar la ley y aplicar el diálogo.

Los encargados de elaborar dicha declaración, elaborada por los juristas y catedráticos de la Universidad de Valladolid Fernando Rey y Jesús Quijano, han considerado "muy oportuna" esta iniciativa, si bien han mostrado su "respeto" por aquellos que han preferido no sumarse a la misma.

En concreto, Jesús Quijano ha advertido de que "bajo ningún concepto" se persigue una posición "frentista" y ha recordado que son muchos los castellanoleoneses, entre los que se ha incluido, que cuentan con familia en Cataluña, la cual ve "con preocupación" la "deriva" del proceso secesionista.

Por su parte, Fernando Rey se ha mostrado "orgulloso" de participar en la redacción del documento, el cual "habla en positivo" y valora al mismo tiempo "la unidad y la diversidad". Asimismo, ha defendido el respeto a las leyes y el marco constitucional y ha alertado de que fuera de la ley "no hay más que barbarie".

La presidenta de las Cortes ha defendido el papel de Castilla y León en la situación actual y ha sido la encargada de leer la declaración, que posteriormente han rubricado los portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos, así como el propio Juan Vicente Herrera.

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, no ha acudido al acto por problemas de agenda, si bien su formación sí se ha sumado a la iniciativa, cosa que no hicieron Podemos ni Izquierda Unida-Equo.

Apoyo "muy significativo"

A pesar de ello, Silvia Clemente ha destacado que la declaración ha contado con la adhesión del 87 por ciento de la Cámara autonómica, con cuatro cuatro grupos de seis y 73 procuradores de 84, al tiempo que ha calificado de "muy significativo" el apoyo recibido por parte de figuras destacadas de la sociedad civil.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado por la "convivencia" de "todos los pueblos de España", mientras que el líder de la bancada socialista, Luis Tudanca, ha defendido la conveniencia de la declaración desde Castilla y León dado que el "desafío" soberanista se hace "a todas las instituciones del Estado". Tudanca también ha insistido en que "no se firma contra nadie" y ha abogado por "restaurar heridas sociales y de convivencia".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha reconocido que "no es el momento de grandes discursos", pero sí ha recordado que su partido lleva "muchos años advirtiendo" de que "había que tomarse muy enserio el desafío independentista", tras lo que ha defendido un "proyecto común" que "no rompa ni separe a los españoles".

El documento firmado este martes ha sido respaldado, entre otros, por expresidentes de la Junta de Castilla y León como José Constantino Nalda, Jesús Posada o Juan José Lucas; expresidentes de las Cortes como Manuel Estella, José Manuel Fernández Santiago o María Josefa García Cirac; antiguos representantes del Gobierno central vinculados a la Comunidad como Virgilio Zapatero, José Luis Corcuera, Juan Carlos Aparicio, Jesús Caldera o Rodolfo Martín Villa; el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

También se han adherido el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Alfonso Polanco, junto con los ayuntamientos de Ávila, Aranda de Duero (Burgos), León, San Andrés del Rabanedo (León), Burgos, Palencia, Salamanca o Laguna de Duero (Valladolid) y las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

En cuanto a las instituciones propias de Castilla y León, todas ellas -Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Procurador del Común y Consejo Económico y social- se han sumado, así como la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale), el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Empresa Familiar, Asaja y la Alianza UPA-COAG.

Las universidades de Bugos, León, Salamanca y Valladolid, así como la Pontificia de Salamanca, la Miguel de Cervantes de Valladolid y la IE University de Segovia han firmado también su apoyo al documento, al igual el Hogar Castellano y Leonés de Catalunya, la Federación de Casas Regionales y Provinciales de la Comunidad, directores de medios de comunicación y varios Premios Castilla y León como Venancio Blanco, José Jiménez Lozano, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro, Joaquín Díaz, Jesús López Cobos, Germán Delibes, Fermín Cacho, Abel Antón y Marta Domínguez.

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Por el futuro de todos'

La declaración reconoce que Cataluña forma parte "inseparable" de ese espacio común que la historia "ha decantado desde hace siglos" y tacha de "no comprensible y no útil" poner en cuestión un vínculo tan prolongado "y tan intenso en un momento" en el que todos están comprometidos en "procesos supranacionales de mayor envergadura" y recuerda que "España no ha existido nunca sin Cataluña y Cataluña sin España".

Pero además, el texto recoge que España "sería más débil sin Cataluña y Cataluña pondría en riesgo su propio futuro europeo e internacional fuera de España" y que no hay más razón que lo avale "más allá de la exacerbación política de un sentimiento identitario, que merece respeto pero que en absoluto justifica los intentos secesionistas".

Sobre la Constitución de 1978, la declaración reconoce que "ha sido un marco democrático adecuado y fructífero para combinar la unidad del proyecto común de España y la diversidad de las comunidades que la integran", un marco jurídico "que ha propiciado desarrollo y progreso, no exento de problemas en algunas etapas" a lo que añade que Cataluña no sólo ha formado parte de ese modelo, sino que "en gran medida" lo ha liderado "en su devenir, tanto por las políticas propias que más tarde han inspirado a las demás comunidades como por la posición de árbitros de la política nacional que con frecuencia han ostentado algunos partidos nacionalistas catalanes".

Igualmente, el texto subraya el grado de descentralización y autonomía logrado "nunca antes conocido en la historia" de España así como un nivel "competencial" que "en nada tiene que envidiar" al de los estados de estructura federal, y matiza que la profunda autonomía "ha sido compatible con un elevado grado de interdependencia entre los diversos territorios".

La declaración aboga por seguir manteniendo el modelo conocido "que mantiene tanta vigencia como utilidad" pero sin perjuicio de "iniciativas consensuadas de reformas que contribuyan al perfeccionamiento y profundización del modelo y a un mejor encaje entre lo particular y lo común", pero siempre dentro de un contexto "negociado" y dentro de una legalidad "generosa y abierta" para lograr el desarrollo del modelo convenido, y no desde "su ruptura o desgarro unilateral".