La Guardia Civil ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades en cursos de formación financiados por la Junta, que solicite a la Tesorería General de la Seguridad Social "toda aquella información que obre en sus bases de datos de carácter laboral" sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe), todo ello para "descartar, o en su caso confirmar, la existencia de una bolsa de fraude a través de pagos de salarios a personas que no realizarían ningún tipo de actividad laboral" en la Faffe.

En un oficio fechado el pasado 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) pone de manifiesto que "está analizando la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que la Faffe recibía de la Administración andaluza para el desarrollo de las acciones formativas", añadiendo que "con el fin de determinar la existencia, o no, de una posible malversación de estos fondos, se hace necesario realizar un minucioso estudio sobre la composición, estructura, funcionamiento y financiación de esta fundación".

"Uno de los aspectos importantes que se está teniendo en cuenta es la composición de la plantilla de la que Faffe disponía para el cometido de las funciones que estatutariamente se le habían asignado, especialmente aquellas directamente relacionadas con la ejecución de programas de formación para el empleo, y las condiciones de selección y contratación del personal que componía dicha plantilla, todo ello teniendo en cuenta que, tras un primer análisis de las cuentas bancarias de Faffe, parece ser que la mayor parte de los ingresos de la fundación provienen de la Administración andaluza con el objeto de que se desarrollen diferentes cursos que habían sido subvencionados", dice.

La UCO asevera en este oficio consultado por Europa Press que, "relacionado con los trabajadores que durante la vida de la fundación han formado parte de su plantilla, han ido aflorando algunos hechos que aconsejarían un estudio mucho más detallado de todo aquello concerniente a la contratación de personal y pagos de salarios en el seno de Faffe", señalando que "entre estos hechos se encontraría la recolocación de personas afectadas por el cierre de la factoría de Delphi Automotive Systems".

Y es que, según indica, las actuaciones practicadas y la documentación examinada "han permitido comprobar que la Faffe habría materializado contratos de trabajo para realización de obra o servicio a favor de varios trabajadores afectados por el 'Dispositivo de tratamiento singular', previsto en el Protocolo de Colaboración que se acordó el 4 de julio de 2007 entre las organizaciones sindicales y las consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta con el fin de adoptar medidas que minimizasen el impacto socio económico tras el cierre de la factoría de Delphi".

"Sin embargo, en estos contratos, según informa la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la relación entre la entidad y cada uno de los contratados no fue en ningún caso de naturaleza jurídico-laboral, ya que la actividad desarrollada por éstos solo consistió en recibir formación, sin que existiese realmente obra o servicio determinado que justificara el contrato de trabajo, además, estas contrataciones tendrían su origen en dos subvenciones concedidas a Faffe por el consejero de Empleo, en calidad de presidente del SAE, y a su vez presidente del Patronato de la fundación", añade la UCO.

"apariencia de relación jurídico-LABORAL"

En este sentido, dice que "de esta manera parecería demostrarse, según lo concluido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que los contratos de trabajo sólo tendrían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los extrabajadores de Delphi, de manera velada, el acceso a unas ayudas y/o prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho".

Para la UCO, "otro hecho de especial relevancia y que redunda en la necesidad de analizar los gastos salariales de Faffe, son las circunstancias, dimanantes del Juzgado de Instrucción número 3, a través de las cuales parece inferirse la existencia de un supuesto fraude relacionado con la contratación y percepción de salarios, con cargo a la fundación, por parte de un exalcalde de Lebrija (Sevilla), no descartándose, por tanto, la existencia de otras personas en esta misma situación".

Por todo ello, la UCO pide a la juez que reclame a la Dirección General Vocal Asesora-Servicio de Prevención de los Delitos Económicos (Tesorería General de la Seguridad Social) "toda aquellas información que obre en sus bases de datos de carácter laboral" sobre la Faffe.

Cesión de trabajadores

La Guardia Civil dice además que, en relación con los trabajadores que formaron parte de la plantilla de Faffe, "se ha podido determinar que algunos de ellos fueron cedidos tanto a la Consejería de Empleo como al SAE, en base a las distintas encomiendas de gestión recibidas por Faffe de estos órganos de la Administración andaluza, asumiendo la fundación, al parecer, el pago de los correspondientes salarios, pese a que las funciones se realizaban fuera del ámbito de la misma".

Por ello, y al ser "necesario analizar y cuantificar el número de trabajadores afectados por estas medidas, concretando las distintas funciones y competencias desempeñadas por este personal cedido por Faffe en base a las distintas encomiendas de gestión recibidas", la UCO solicita a la magistrada que reclame a la Junta "todas las resoluciones emitidas por cualquier organismo dependiente de la Administración andaluza, por las que se formalizaron encomiendas de gestión ejecutadas por Faffe entre los años 2003 y 2011".

En una providencia fechada el 4 de noviembre, consultada por Europa Press, la juez dice que "dada cuenta" del anterior oficio, "en el cual se solicitaba emisión de mandamientos judiciales, para los cuales se requirió a la Junta y habiéndose recibido dicha documentación, únase a las actuaciones", de manera que, "una vez foliada y escaneada", se de traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción, a las partes personadas y a la UCO.

En un segundo oficio de fecha 21 de septiembre de 2015, la Guardia Civil informa del estado actual de la investigación, que se está desarrollando en varias líneas "que pretenden esclarecer cuál ha sido la actuación de la Administración, en particular del SAE, a la hora de otorgar, gestionar, controlar y justificar subvenciones para la realización de acciones formativas de formación profesional para el empleo", así como "conocer si hubo una correcta aplicación por parte de determinados beneficiarios de subvenciones de los fondos públicos recibidos".

Así, pide a la juez que requiera a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación para que, en cumplimiento de sendos autos emitidos en enero y febrero, aporte los informes relativos a la revisión de una serie de expedientes de subvenciones otorgadas a varios entramados de empresas a fin de analizar si fueron correctamente adjudicadas y justificadas, así como que informe sobre los expedientes de reintegro "y situación en que actualmente se encuentran, abiertos, bien de oficio, bien por comunicación de la Intervención de la Junta".

La Guardia Civil también pide a la juez que se requiera del SAE "los protocolos de actuación bajo cuyos parámetros se actuaba en el seno de la fundación para el funcionamiento corriente de la misma —contratación y despido de personal o contratación de proveedores—", señalando que el 16 de junio "se solicitó directamente" al SAE dicha información "sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta".