El PP preguntará al Gobierno de Cantabria en el próximo pleno del Parlamento si respalda la "libertad total" de horarios comerciales que defiende su director general de Industria y Comercio, Raúl Pelayo.

El diputado regional y portavoz de Comercio del PP, Santiago Recio, formulará al Ejecutivo tres preguntas al respecto de las declaraciones efectuadas recientemente por el director general, según ha informado el Grupo Parlamentario Popular en un comunicado.

Pelayo afirmaba, entre otras cuestiones, que en Cantabria "debería existir libertad total de horarios comerciales, como ocurre en Madrid" o que el establecimiento de la zona de gran afluencia turística (ZGAT) en Santander "está, quizás, un poco al margen de la legalidad, aunque al parecer tenían informes técnicos favorables".

Sobre esta última afirmación, Recio ha criticado que Pelayo la haga "sin haber leído los informes técnicos elaborados por funcionarios municipales de acuerdo a los criterios objetivos enumerados en el artículo 5.4 de la ley de horarios comerciales".

El diputado 'popular' ha indicado que "el Gobierno anterior valoró el cumplimiento de los criterios que deben cumplir las ZGAT y la solicitud estaba debidamente motivada, según consta en los informes del expediente que se haya en la Consejería de Industria y que, al parecer, el señor Pelayo no ha abierto".

Para Santiago Recio, las manifestaciones de Raúl Pelayo son de una "imprudencia enorme" y "demuestran además su parcialidad en este tema", sin que, a día de hoy, ningún superior en el Gobierno haya salido a rectificar dichas declaraciones.

Es por ello por lo que el PP preguntará al Gobierno de Cantabria si está de acuerdo con las manifestaciones de este alto cargo del Ejecutivo realizadas en su calidad de director general de Industria y Comercio.

Asimismo, cuestionará al Ejecutivo si Raúl Pelayo va a ser el interlocutor de la Consejería con todos los sectores vinculados al comercio en la negociación sobre la apertura de los domingos y festivos en al año 2016; y si se va a aplicar la discriminación positiva a favor del pequeño comercio en caso de no llegar a un acuerdo por consenso en cuanto a dichas aperturas.