El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha afirmado que la familia desahuciada este jueves por impago de suministros en el piso de alquiler en el que residían "en ningún caso se va a quedar en la calle".

De la Serna ha indicado en declaraciones a la prensa que se trata de un "desahucio entre particulares" y ha destacado que Liberbank ha puesto a disposición de esa familia un piso de alquiler social, cuyas llaves ya tiene la familia desde ayer miércoles.

Ha indicado que, por tanto, esta familia ya puede hacer la mudanza para ocupar esa vivienda y, en caso de que en ésta "hubiera algún problema" por el tema de los suministros, el alcalde ha insistido en que la familia puede usar temporalmente los módulos familiares del centro de acogida Princesa Letizia.

El desahucio de esta familia, que vivía de alquiler en la calle Valderrama de Santander, estaba previsto para este jueves a las 10.00 horas, aunque el agente judicial que ha acudido les ha dado tres horas más para que pudiesen sacar sus cosas de la vivienda y trasladarlas al piso de alquiler social que les ha facilitado Liberbank.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Stop Desahucios) de Santander y Cantabria advirtió ayer de que finalmente el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander mantenía el desahucio de esta familia previsto para este jueves y ante el que organizaría un protocolo "stop desahucios" para oponerse al mismo.

CASO

Según relata la plataforma, Luis y Rocío tienen ambos 46 años. Rocío es reponedora y desde el año 2004 se encuentra en paro. Por su parte, Luis ha trabajado en el sector hostelero y en los últimos años sólo encuentra trabajo de camarero dos o tres meses por temporada. Tienen dos hijos, uno de 20 y otro de siete.

Firmaron el contrato en septiembre de 2014 y pagaron por adelantado 6.600 euros, correspondientes a las mensualidades de un año, además del aval de un mes (550 euros). Sin embargo, en junio de 2015 se presentó la demanda de desahucio. En ese momento todavía quedaban de pagar tres meses, es decir, 1.650 euros y el correspondiente aval. En total, 2.200 euros.

La deuda, por suministros, que tenía la familia en ese momento era de 932 euros y el juzgado de primera instancia nº 2 de Santander dictó sentencia poco más de dos meses después ordenando su desahucio.