El número de empresas con actividades innovadoras se ha reducido un 50 por ciento en cinco años, pasando de las 3.307 en 2009 a las 1.669 en 2013, a la vez que los gastos totales en actividades innovadoras se ha reducido un 12,5 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit).

Fedit ha recordado que en la comunidad se destina el 1,04 por ciento del PIB a I+D+I y que el objetivo para el horizonte 2020 es alcanzar el dos por ciento, al que tienen que contribuir el gobierno central, el autonómico y el sector privado.

Aicia, miembro de Fedit en la comunidad, centra su actividad de innovación en los sectores aeronáutica, de energía, materiales y nanotecnología, medio ambiente, ingeniería de organización, tecnologías de fabricación, TIC, y transportes e infraestructuras.

A nivel nacional, Fedit, al analizar los Presupuestos Generales del Estado 2016, ha solicitado una revisión de los modelos de inversión pública en I+D+I basados en criterios de eficiencia y eficacia.

Fedit reconoce que existe un aumento en las partidas en los PGE, pero hace hincapié en que "no se trata únicamente de cantidades, sino de en dónde y cómo se implementan". "Las inversiones en I+D+I deben orientarse más a conseguir un incremento de la inversión privada en I+D+I", ha subrayado.

Por este motivo, ha reclamado que se establezca un sistema de evaluación externo e independiente que revise los resultados de los programas actualmente en funcionamiento y que contribuiría de manera técnica y objetiva a plantear alternativas en la aplicación de los recursos existentes. De esta manera, se subsanaría la carencia del sistema español de I+D+I en la orientación efectiva de recursos destinados a incrementar la inversión en este ámbito.

El análisis de Fedit concluye que las partidas destinadas a I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado 2016 tienen un carácter de continuidad en su estructura de gasto, con pocas modificaciones respecto a años anteriores, por lo que siguen sin responder a la gran reforma que necesitan tanto las políticas de ciencia, tecnología e innovación españolas como la estructura institucional y la gobernanza del sistema español de I+D+i.