El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado una proposición de ley en la Cámara autonómica con la que pide paliar y reducir la pobreza energética en Andalucía, que tendría un coste de 300 millones al año y que va acompañada de una proposición no de ley (PNL) con la que instan al Consejo de Gobierno de la Junta a reclamar al Gobierno central la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), cuantificados en 3.600 millones de euros, con el que se sufragaría esta ley.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la secretaria general y portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, quien ha destacado que esta es la quinta proposición de ley que Podemos presenta en el Parlamento andaluz y que el partido la está presentando en todos los parlamentos y asambleas en los que cuenta con representación en el país.

Rodríguez ha explicado que este texto se basa en dos conceptos, por un lado definir la pobreza energética, y por otro, el concepto de hogar vulnerable, que Podemos define como aquellos hogares que tienen demostrada su situación de imposibilidad para pagar los suministros de agua, luz y gas.

Ha fundamentado esta propuesta en que la pobreza energética es una "lacra silenciosa" que en 2012 causó unas 7.000 muertes prematuras; así como que la última EPA revela que el 18 por ciento de los hogares andaluces no perciben ningún salario entre sus miembros, frente al 12 por ciento de la media española, la cifra en Andalucía supera en seis puntos la media nacional, "y esos son muchos puntos".

Podemos entiende que esta circunstancia se debe a que desde 2008 han aumentado las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, un 42,3 por ciento en Andalucía; ha bajado la eficiencia energética de las viviendas, y también por el aumento en los precios de los suministros, que "en ocho años ha crecido hasta un 60 por ciento".

Así las cosas, Rodríguez ha explicado que la ley que presenta Podemos propone que las empresas distribuidoras tengan que solicitar a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias antes de proceder al corte de los suministros, "para asegurarse de que no se corte a un hogar vulnerable" en los términos en los que recoge la proposición de ley. Ha señalado que esta circunstancia "no es novedad" puesto que "otros países del norte de Europa" ya la recogen.

En el caso de declararse hogar vulnerable, esa familia recibiría una ayuda por parte de los servicios sociales de la Junta de Andalucía durante el tiempo en el que dure esa situación, que se establecería para dos años para después volver a abrir un expediente y volver a estudiarse su circunstancia.

Según ha explicado la portavoz, estas ayudas se establecerían por criterios de progresividad, de manera que si se declara a la familia en pobreza extrema, recibirían el cien por cien de la factura; si es pobreza severa, entre el 35 y el 50 por ciento, si hay una persona dependiente a su cargo; si es pobreza relativa, un 20 por ciento; y otros casos definidos por los servicios sociales municipales que dependerán de esos baremos en cada municipio.

De otro lado, la ley recoge mecanismos de análisis de la factura eléctrica cuando, asevera, "la mayoría de los contratos eléctricos son engañosos, fraudulentos y obligan al consumidor a contratar una potencia superior a la que necesita", por lo que Podemos apuesta por medidas para hacer pedagogía con los consumidores; así como medidas de micro eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo y para que sea más eficiente.

Una pnl para el pago

Podemos Andalucía calcula que aplicar esta ley costaría unos 300 millones de euros anuales, y ha registrado, para poder hacer frente al pago, una PNL por la que insta a la Junta de Andalucía, junto a otras comunidades, a reclamar al Gobierno central la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que cuantifica en 3.600 millones de euros.

Ha recordado que los CTC son ayudas "se les ha estado dando a las compañías eléctricas desde 1997 y que fue una decisión del PSOE con la intención de paliar que la transición del modelo monopolista a la competencia pudiera suponer pérdida de sus inversiones".

No obstante, ha recordado que "tanto la Comisión Nacional de Energía como el Consejo de Abogacía del Estado han emitido sendos informes en los que hablan de la necesidad de proceder a la liquidación de esas ayudas" porque, agrega Rodríguez, "se han prologando demasiado en el tiempo".

Así, aunque ha recordado que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que la posibilidad de esa liquidación de los CTC "habría prescrito", Podemos entiende que "existe marco legal en la Unión Europea para proceder a esa liquidación".

"Es una cuestión de justicia", ha señalado Teresa Rodríguez cuando ha advertido de "las puertas giratorias" de las empresas eléctricas, a las que "se les han perdonado" el pago de estas ayudas, frente a los hogares vulnerables que ampara esta proposición de ley.

Podemos Andalucía confía en que en el Pleno del Parlamento andaluz se manifieste el compromiso con las capas más vulnerables de la sociedad y también "ser valientes" para reclamar al Gobierno central que se recupere ese dinero de los CTC, "que no tenía que haberse regalado a las eléctricas para acabar con la pobreza energética".

Régimen sancionador

De la misma manera, el texto recoge infracciones y sanciones que serán graves en el caso de que se proceda al corte de suministros a las familias que, estando acogidas a los precios voluntarios para el pequeño consumidor, no hayan abonado las facturas correspondientes a los insumos adeudados en tanto esté tramitándose la solicitud de declaración de hogar vulnerable; o por la no comunicación a los servicios sociales del corte de suministros.

Será una infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infracción grave, mientras que serán responsables de las infracciones las empresas comercializadoras.

Sobre las cuantías de las sanciones, la proposición de ley de Podemos recoge que las graves tendrán una multa equivalente al resultado de multiplicar por 50 la cantidad adeudada; y las muy graves con otra multa equivalente al resultado de multiplicar por 100 la cantidad adeudada.