El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 sobre la plantilla española de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), señala que la declarada "inmunidad" de Estados Unidos en conflictos laborales como este motiva "los temores" de los empleados españoles ante el "impacto" de la ampliación del contingente militar estadounidense y una posible nueva "reducción del personal laboral español".

En una entrada en su blog recogida por Europa Press, el catedrático Eduardo Rojo Torrecilla analiza pormenorizadamente la mencionada sentencia de la sala de lo Social del TSJA, que declara "ajustado a derecho" el ERE promovido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa.

Rojo Torrecilla presta especial atención a los fragmentos de la sentencia que reconocen la "inmunidad" del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas respecto a la demanda impulsada por los 55 trabajadores despedidos por VBR, como consecuencia del contenido del vigente convenio de cooperación en materia de defensa entre España y Estados Unidos. A su juicio, "en este punto concreto de la sentencia, sí pueden mantenerse las dudas o los temores del personal sobre cómo afectarán futuras decisiones del Gobierno estadounidense de ampliar el número de personal militar norteamericano en la base y su impacto sobre la reducción del personal laboral español".

"El conflicto vuelve ahora al ámbito político y social, donde deberán ser los gobiernos españoles y americano los que contribuyan a adoptar una decisión que repercuta lo menos negativamente posible en los trabajadores de la base, y en gran parte de los pueblos de la comarca. Política y derecho, en este caso y en muchos más, ciertamente, están muy estrechamente unidos", sostiene el catedrático.

El ere de 2014

Hablamos de la causa que residía en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante este ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.

El incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.

La demanda de los afectados, así, se dirigía contra VBR, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), el Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de España y Vectrus, actual adjudicataria del contrato de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera.

Estados unidos se declara inmune

Pues bien, a través de una sentencia emitida el 7 de octubre y recogida por Europa Press, la sala de lo Social del TSJA reconoce que en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".

Por tanto, y después de que Estados Unidos invocase además el convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados internacionales, "procede declarar la inmunidad de jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas respecto a la presente demanda, que está resolviendo sobre la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos", según el TSJA.

El tsja avala el ere

Acerca de las causas productivas alegadas por la empresa a la hora de acometer los despidos, señala la sentencia que en julio de 2014, el Gobierno de Estados Unidos, merced al contrato adjudicado a VBR para los servicios civiles de la base aérea de Morón, comunicó a dicha empresa "su decisión de reducir los servicios requeridos por el contrato", prescindiendo de los servicios de operaciones con vehículos, servicios de terminal aérea o de gestión de combustibles, porque pasarían a ser prestados "por personal militar americano".

Ante la falta de justificación de causas productivas que denunciaban los despedidos, el TSJA expone que "la jurisprudencia viene admitiendo que la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratado y en el ámbito que se manifiesta, una causa organizativa". "Las causas productivas invocadas resultaron acreditadas", concluye.