El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ontinyent (Valencia) ha procesado al exalcalde de la localidad y a un exconcejal de Urbanismo por presuntas irregularidades en viviendas de familiares. Junto a él, están procesadas cinco personas más: otro exedil, el arquitecto jefe del Ayuntamiento, el arquitecto técnico y una funcionaria.

Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el juez acuerda iniciar un procedimiento abreviado contra estas seis personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa. Así mismo, sobresee la causa contra otras siete personas.

El procedimiento parte de una denuncia de la Asociación en defensa de 'les casetes d'Ontinyent' (Adeca) ante el consistorio en la que afirmaba que existían 24 viviendas construidas o en fase de construcción en el municipio sobre las que no se había abierto ningún expediente frente a otras que estaban en la misma zona y sí habían sido expedientadas.

Así, en aplicación de la ley y del principio de igualdad de todos los ciudadanos, la entidad pidió que se iniciara a estas casas expediente de paralización de obras, así como el procedimiento de restauración del orden urbanístico perturbado. Al no obtener respuesta durante algo más de año y medio, la asociación interpuso una segunda denuncia, esta vez cuando había habido cambio de gobierno.

Se da la circunstancia de que entre las viviendas denuncias, se encuentra una propiedad del hermano del exalcalde, y otra de los suegros de uno de los exconcejales de Urbanismo procesados. Otra casa pertenecía al hermano de una funcionaria, y otra a su suegra, según se indicaba en la denuncia.

El juez, ante toda la documentación y declaraciones, ha acordado procesar a seis personas. Respecto al exalcalde, señala que debería de haberse abstenido de intervenir en el expediente tras tener conocimiento de que una de las casas denunciadas era de su hermano.

Así mismo, le acusa de no haber ordenado al arquitecto técnico que continuara localizando e informando sobre 18 edificaciones que no se habían podido localizar, ni a los servicios administrativos de la Oficina Técnica que tramitaran los expedientes de restauración de la legalidad urbanísticas a seis casas que sí se localizaron.

En cuanto a uno de los exconcejales, indica que también debía haberse abstenido del expediente por pertenecer una de las viviendas denunciadas a sus suegros, y haber pedido que se localizara las casas pendientes para tramitar los correspondientes informes.

Respecto a otro exedil, el juez señala que ordenó a los funcionarios que siguieran los trámites de un informe en el que se disponía que no se incoara expediente de restauración de la legalidad urbanística a la edificación denunciada por Adeca propiedad del hermano del exalcalde y establecía la necesidad de realizar actuaciones preliminares innecesarias antes de abrir expedientes.

El magistrado incluye en su auto de procedimiento abreviado a un arquitecto ténico-jefe de la Inspección de Obras por dejar 18 viviendas sin localizar; a otro arquitecto técnico porque no ordenó buscar estas casas y tampoco informó a los nuevos responsables de Urbanismo y a la alcaldesa —con el cambio de gobierno— de la denuncia presentada por Adeca en 2006. Sobre la funcionaria procesada, estima que también debió abstenerse del expediente por haber una casa propiedad de su suegra.