El fiscal ha solicitado una pena de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados (36 años en total) de participar en el envío aéreo de droga desde la República Dominicana con destino a la localidad cántabra de Suesa. El paquete, que contenía más de 18 kilos de cocaína distribuida en 54 pequeños cilindros hidráulicos y con un valor en el mercado negro estimado de más de 614.000 euros, fue interceptado en Barajas.

Según el escrito de la Fiscalía, en enero de 2014 se detectó en la aduana del aeropuerto madrileño el envío, que pesaba 524 kilos, y que fue controlado a través de rayos X, comprobándose una densidad compatible con sustancias estupefacientes.

Así, en base a la Ley de Contrabando, el paquete fue abierto, y se halló una sustancia que dio positivo a los reactivos de cocaína en el interior de los cilindros hidráulicos, por lo que la entrega se puso en conocimiento del juzgado de instrucción de Madrid competente para su vigilancia.

El paquete, remitido por una empresa de Santo Domingo, tenía por destinatario unos talleres de Suesa, en Cantabria. De acuerdo con el Ministerio Público, los cuatro acusados, de común acuerdo para introducir la droga en España, establecieron la infraestructura necesaria para la recepción de la mercancía y recuperación de la misma con envasado al vacío para su posterior tratado y comercialización.

Se trataba de una actividad organizada y con "cierta vocación de permanencia", pues según la investigación ya se había recibido, en diciembre de 2013, un envío de cilindros hidráulicos con el mismo remitente y destinatario.

DISPOSITIVO

Agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Madrid trasladaron el envío al Servicio de Vigilancia Aduanera de Cantabria y el día en que se iba a proceder a materializarse la entrega a través de una empresa de transporte contactaron con los acusados para concretar la misma.

El interlocutor del grupo requirió a la empresa encargada del transporte que la mercancía fuera entregada en una salida de la Autovía del Cantábrico en dirección a Bilbao, en la localidad de Beranga (Cantabria).

A la hora acordada estaban dos de los acusados en el interior de un coche estacionado en el lugar fijado y que en el momento en el que llegó el furgón con la mercancía ilícita, y sin sospechar que su conductor era agente de la autoridad, uno de ellos le manifestó: "síguenos, que te decimos donde tenemos que dejar la mercancía", tras lo cual fue detenido junto a su compañero. Se les intervinieron varios teléfonos móviles -uno de ellos empleado para contactar con la empresa de transporte- y documentación.

Al estar cerca la empresa que debía recibir el paquete, parte de los agentes que habían prestado el servicio se dirigieron al lugar, donde estaba en actitud de espera otro de los acusados, que les dice que está "esperando un paquete" de la empresa de transportes.

Al tiempo, se persona en el lugar otro el cuarto acusado, destinatario del envío y propietario de los talleres de Suesa, empresa ya inactiva y simplemente establecida como lugar de la recepción. Ambos también fueron detenidos.

Les intervinieron documentación, una libreta bancaria, tarjetas para móviles, casi 1.200 euros en metálico procedentes del tráfico de drogas, y un teléfono, además de billetes de lotería y otros efectos.

Tras las detenciones, se efectuaron nuevos registros y se intervinieron más teléfonos, ordenadores portátiles, resguardos bancarios, diversa documentación y material relacionado con el tratamiento de droga, entre otras cosas.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de drogas, y otro de pertenencia a grupo criminal, por lo que pide, para cada uno de los acusados, ocho y un año de cárcel por estos delitos, es decir, nueve para cada uno y 36 en total. También solicita que paguen una multa de 800.000 euros.

El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria este próximo martes, 3 de noviembre, a partir de las 10 horas.