La Junta de Castilla y León afrontará el gasto de 100 millones de euros al que tendrá que hacer frente en lo que queda de año para abonar a los empleados públicos el 50 por ciento de la paga extra de Navidad eliminada en 2012 con fondos del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y con otras partidas sin ejecutar.

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha asegurado que, "en principio", se descarta acudir a un crédito extraordinario, "que sí afectaría muy directamente al déficit" de 2015, para hacer frente a ese gasto de 100 millones de euros con el que se da cumplimiento al acuerdo suscrito este jueves con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública —se ha descolgado FSES—.

Tras recordar que los datos conocidos ayer sitúan el déficit de Castilla y León en el 0,7 por ciento y que el cumplimiento a finales de año será "complicado", De Santiago-Juárez ha asegurado que la Junta no da por perdida "ninguna batalla" con el Gobierno de la nación en su demanda de que la devolución de la extra de 2012 y los gastos por las sustituciones de los días que ahora se recuperan no computen en el cálculo del déficit de 2015, algo que volverá a reivindicar ante el Ejecutivo que salga de las urnas en las elecciones del 20 de diciembre.

"Que te hagan caso o no es otra cosa", ha asumido el consejero, quien ha reiterado que la Junta no da la batalla por perdida en esa reclamación para que la nueva devolución del 50 por ciento la extra de 2012 en 2015 no compute en términos de déficit, exigencia a la que sumará también que retire el carácter de norma básica que regula la jornada laboral para poder volver a las 35 horas semanales.

En el acuerdo rubricado este jueves para recuperar los derechos de los empleados públicos y fijar las prioridades de legislatura en materia de Función Pública los sindicatos reclaman también al nuevo Gobierno el pago del cien por cien de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales y la retirada de las medidas de racionalización del gasto en el ámbito educativo como no sustituir las bajas hasta los 15 días naturales.

No es "humo"

Este acuerdo lleva la rúbrica de los sindicatos CSI.F, UGT y CC.OO tras la decisión de FSES de no suscribir el acuerdo, si bien el consejero ha apelado a la reunión de la Mesa General de Negociación que convocará la próxima semana para invitar a esa formación a sumarse a un convenio "beneficioso" para los empleados públicos y para los ciudadanos desde el convencimiento, además, de que tampoco es "humo" como han criticado algunos de los no firmantes a los que ha afeado sus afirmaciones por ser "poco serias".

"Aquí nadie ha echado a nadie", ha reafirmado el secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Carlos Julio López Inclán.

Tanto el consejero como los sindicalistas firmantes han coincidido al destacar el "punto de inflexión" que representa la rúbrica de este acuerdo marco, tras once años sin firmas en la Función Pública de estas características, al marcar una hoja de ruta para la recuperación de los derechos perdidos por estos trabajadores a lo largo de la crisis y para el cumplimiento de algunas reivindicaciones "viejas de edad".

Para los firmantes, la rúbrica de este acuerdo responde a un "acto de responsabilidad" derivado de un marco de diálogo y de entendimiento que, según han admitido, tampoco satisface el cien por cien de las demandas por lo que han apostado por seguir por esta senda de entendimiento para limar otros flecos para seguir adaptando la Función Pública al siglo XXI.

Entre los principales compromisos de este acuerdo está la devolución ante de finalizar el año del 50 por ciento de la paga extra de 2012 y el resto hasta completar el 75,9 por ciento pendiente en la primavera de 2016, algo que ha significado especialmente UGT ya que, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones donde "no se sabe a ciencia cierta", en Castilla y León se han "acotado" los tiempos.

Este acuerdo se trasladará también a los empleados de las universidades públicas de la Comunidad y al profesorado de la enseñanza concertada en el ámbito de la analogía retributiva en los diferentes niveles educativos.

Las partes han acordado también a ampliar el plazo para disfrutar el sexto día por asuntos particulares hasta el 31 de marzo de 2016, si bien el plazo se podrá ampliar hasta junio por conveniencia de Junta y sindicatos.

También se recuperarán todos los días adicionales de vacaciones por antigüedad y los de asuntos particulares por antigüedad de 2015 que se disfrutarán la mitad en 2016 y el resto en 2017, "preferentemente junto con las vacaciones u otros permisos y licencias".

Así, una vez se hayan recuperado todos los días por asuntos particulares se volverá al disfrute de las vacaciones según la anterior regulación que impedía a los empleados públicos coger días sueltos de vacaciones. Los días de asuntos particulares por antigüedad se disfrutarán preferentemente junto con las vacaciones o otros permisos y licencias durante los años 2016, 2017 y 2018.

Otros de los puntos del acuerdo pasan por mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León con compromiso de la Junta para mejorar la carrera profesional, aprobar nuevas RPT durante 2016 y avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta.