El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha avanzado este jueves que ha solicitado ya al Parlamento la designación de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y ha instado al "consenso y acuerdo de todas las fuerzas políticas para elección de este profesional, que vigilará con ojo avizor la actividad pública de las administraciones de nuestra comunidad".

Durante su intervención en comisión parlamentaria, el vicepresidente ha señalado que el trabajo del Gobierno andaluz en el marco de la regeneración y la mejora de la calidad democrática está siendo "intenso" en los últimos meses. Ha indicado que el Consejo de Transparencia es la "máxima autoridad independiente de control" en materia de transparencia y protección de datos en la comunidad y cuyas funciones "habrán de llevarse a cabo bajo criterios de objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas".

Ha señalado que tras la aprobación de la Ley de Transparencia pública de Andalucía, se puso en marcha el Portal de Transparencia, que "permite a la ciudadanía tener acceso tanto a los datos de interés relacionados con la gestión de la Junta -y difundidos por iniciativa propia- como a solicitar cualquier tipo de información que obre en su poder".

En este punto, Jiménez Barrios ha expuesto que Andalucía incorpora un catálogo de publicidad activa más amplio que el estipulado en la ley estatal de Transparencia, con datos sobre relaciones de puestos de trabajo y retribuciones anuales; catálogo de puestos de las entidades instrumentales; procesos de selección del personal y ofertas públicas de empleo; condiciones laborales; cartas de servicios; agendas institucionales, y declaraciones de actividades, bienes y retribuciones de altos cargos, entre otros.

Asimismo, ha indicado que, hasta el 22 de octubre, han sido visitadas un total de 1.773.028 páginas del Portal de Transparencia, siendo las relativas a altos cargos las que más visitas han recibido, seguidas por las relativas a empleo público, información institucional y organizativa, así como contratos, convenios y subvenciones.

Ha añadido que para que los ciudadanos pudiesen ejercer su derecho de acceso a la información pública, se ha implantado un sistema de información denominado Plataforma Integrada del Derecho de Acceso a la Información Pública (PID@). Según ha explicado este sistema de información está diseñado para dar una respuesta ágil a las peticiones de la ciudadanía, "quienes pueden comprobar el estado de tramitación de su solicitud, además de conocer quién va a contestarle y en qué plazo" y que no exige certificado electrónico, tal y como hace el Estado.

En este punto, Jiménez Barrios ha informado de que, a fecha de 22 de octubre, se han recibido un total de 407 solicitudes sobre la actividad de la Administración andaluza a través de esta plataforma, de las que tan sólo 11 han sido denegatorias, lo que supone un 2,7 por ciento del total de solicitudes.

En este sentido, el consejero ha indicado que las áreas temáticas con un mayor número de solicitudes han sido las correspondientes a acceso a expedientes administrativos, información económica, financiera y presupuestaria, subvenciones, ayudas y becas, así como información institucional y organizativa.

Del mismo modo, Jiménez Barrios ha avanzado que, en próximas fechas, se hará pública toda aquella información que sea facilitada por la Administración a los ciudadanos, junto a las resoluciones motivadas que les denieguen el acceso a la información.

Para culminar todo el proceso vinculado a la Ley de Transparencia de Andalucía, ha señalado que se está trabajando en la elaboración del futuro Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia de Andalucía, que abordará aquellas materias que requieren de un mayor detalle y definición.

Ha recordado que, pese a no ser una obligación impuesta por la Ley de Transparencia, se publican en el Portal las declaraciones del IRPF de los miembros del Consejo de Gobierno y las de sus cónyuges, así como las actas de la Comisión General de viceconsejeros.

En su opinión, se trata de iniciativas que demuestran el compromiso de Andalucía con la transparencia, así como con el fomento de la participación y de la colaboración de la sociedad en la gestión pública y ha defendido la "máxima determinación y firme compromiso" del Gobierno por la regeneración democrática a través de medidas que "aumenten la transparencia, refuercen los sistemas de control y mejoren la interrelación con la ciudadanía, a fin de restaurar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en la política como instrumento para solucionar sus problemas".

PP-A

Critica que no haya ley de buen gobierno

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Ana Mestre ha criticado que el Gobierno andaluz aún no haya elaborado aún una ley de buen gobierno ni de altos cargos, lo que evidencia que no tiene prisa por legislar al respecto. A su juicio, transparencia y buen gobierno deben "ir al unísono". Ha pedido un debate "limpio y transparente" sobre esta materia, olvidando las "siglas políticas".

Ha dicho que es contradictorio hablar de transparencia y que el PP-A acumule centenares de iniciativas sin respuesta por parte del Ejecutivo. Asimismo, ha indicado que hay "muchas dudas" en relación con el Portal de la Transparencia, que incluso ha sido calificado como el "portal con cristales tintados" por parte de Podemos o como el portal de la "semitransparencia" por parte de IULV-CA. Ha indicado que cuando desde la oposición se ha querido mejorar el citado portal, se han cerrado las "puertas" por parte de la Junta.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha mostrado su preocupación por que el modelo económico de este país y de esta comunidad hagan "de la corrupción una forma de gobierno" y ha expresado que es "escéptico" en relación con el efecto real de las medidas de transparencia y regeneración democrática que se adoptan.

La parlamentaria de Ciudadanos Isabel Albás ha señalado que su formación es la "garante" de una nueva forma de hacer las cosas en materia de transparencia en esta comunidad y ha pedido el cumplimiento real de la Ley de Transparencia. Ha indicado que los andaluces han podido comprobar que la regeneración democrática no es solo un compendio de buenas palabras, sino que se ha producido la salida de instituciones de personas "imputadas en casos de corrupción política".

El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha confiado en que realmente se cumplan los objetivos de la Ley de Transparencia de Andalucía y ha abogado por que se conozca la declaración de bienes de todas aquellas personas que sean nombradas por el Consejo de Gobierno.