IULV-CA ha registrado este jueves en el Registro del Parlamento una proposición de ley de Participación Ciudadana, acompanada del pertinente informe sobre cálculo estimado del coste económico que supondría su aprobación, donde se recoge que el año que se realice una consulta supondría 8,9 millones de euros.

En rueda de prensa, el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, ha presentado el contenido de la proposición de ley, que persigue que la voluntad popular pueda expresarse más allá del sistema de partidos, porque está comprobado que votar cada cuatro años "no garantiza la democracia".

Maíllo ha señalado que el texto de esta proposición de Ley recoge absolutamente todo lo contemplado en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana que aprobó en julio de 2014 el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU y cuya tramitación parlamentaria decayó por la convocatoria de elecciones.

En la iniciativa se contempla la posibilidad de celebrar

"consultas populares", que podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional (Gobierno andaluz y ayuntamientos) y sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local. No se podrán celebrar consultas sobre asuntos contrarios al ordenamiento jurídico, que sean competencia de otros niveles de gobierno, o cuestionen la dignidad de las personas y los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Las consultas participativas reguladas en esta proposición de ley son de naturaleza consultiva, de manera que no tienen un carácter vinculante. Sin embargo, según Maíllo, una vez realizada la consulta no vinculante y si la propuesta sometida a votación resulta mayoritaria, el gobierno tendrá, al menos, la obligación de motivar su rechazo, de manera que "no se podrá seguir haciendo oídos sordos a las demandas populares".

En definitiva, según ha señalado, se trata de crear la norma que da la vuelta a la acción de gobierno tal y como se ha desarrollado hasta ahora en la Junta para empezar a "gobernar obedeciendo". "Se trata de obedecer a una mayoría social que quiere participar de las decisiones más allá del voto cada cuatro años", ha apuntado el portavoz de IULV-CA.

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Elena Cortés, ha indicado que esta norma ha sido fruto de un amplio proceso participativo en toda la comunidad, de manera que casi 5.500 personas han realizado aportaciones, entre colectivos y a título individual.

La proposición de ley de IU cuenta con 79 artículos y varias disposiciones. Maíllo ha señalado que el coste económico del desarrollo de la norma es de 1,5 millones de euros anuales y que esa cantidad se eleva a 8,9 millones en caso de celebrarse una consulta.

Una vez registrada la iniciativa, la Mesa del Parlamento decidirá sobre su admisión a trámite, en función de si cumple con los nuevos requisitos establecidos para la tramitación de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.