El Ayuntamiento de Santander se ha puesto en contacto con Liberbank para tratar de facilitar una vivienda en alquiler social a una familia afectada por un caso de desahucio y ha ofrecido además un módulo familiar en el Centro de Acogida Princesa Letizia como medida de emergencia mientras se busca una solución a largo plazo.

Según ha explicado en un comunicado la concejala de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Stop Desahucios) se reunió ayer con el alcalde, Íñigo de la Serna, y representantes del equipo de gobierno municipal para explicar el caso de esta familia.

En respuesta, se les ofreció como solución de urgencia a corto o medio plazo un módulo familiar en el Centro Princesa Letizia y, a la par, el alcalde se comprometió a mediar con los bancos para encontrar alguna solución a largo plazo.

Tras la reunión, celebrada en la tarde del martes, esta misma mañana De la Serna se ha puesto en contacto con representantes de Liberbank y el Ayuntamiento está ahora a la espera de una respuesta por parte de la entidad.

El Consistorio, por su parte, sigue analizando otras posibilidades, tal como ha subrayado Tejerina, quien ha aclarado que en este momento no hay ningún piso municipal desocupado para poder ofrecer a esta familia, que se enfrenta a un desahucio por un impago entre particulares.

El caso de esta familia

Según informó la PAH-Stop Desahucios, esta familia será desahuciada el próximo 5 de noviembre. Firmó un contrato de alquiler en septiembre de 2014 y pagaron la fianza y un año por adelantado.

Nueve meses después, en junio de 2015, los propietarios de la vivienda presentaron una demanda por impago de suministros -por importe de 932 euros-, y en septiembre un juez dictó la sentencia de desahucio.

Según relató la plataforma, Luis y Rocío tienen ambos 46 años. Rocío es reponedora y desde el año 2004 se encuentra en paro. Por su parte, Luis ha trabajado en el sector hostelero y en los últimos años sólo encuentra trabajo de camarero dos o tres meses por temporada. Tienen dos hijos, uno de 20 y otro de siete.

Firmaron el contrato en septiembre de 2014 y pagaron por adelantado 6.600 euros, correspondientes a las mensualidades de un año, además del aval de un mes (550 euros). Sin embargo, en junio de 2015 se presentó la demanda de desahucio. En ese momento todavía quedaban de pagar tres meses, es decir, 1.650 euros y el correspondiente aval. En total, 2.200 euros.

La deuda, por suministros, que tenía la familia en ese momento era de 932 euros y el juzgado de primera instancia nº 2 de Santander dictó sentencia poco más de dos meses después.