El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha defendido que la municipalización de la empresa pública de aparcamientos (Epassa) y Somucisa, sociedad de la radiotelevisión local Onda Jaén, es "perfectamente legal" y busca "preservar el empleo público".

Así se ha pronunciado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre las citadas propuestas que se verán en el pleno del viernes y los reparos que al respecto recoge el informe del interventor, especialmente en el caso de Somucisa.

"Lo que hace es una interpretación normativa y yo lo único que hago es coger como punto de referencia la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es la que me vincula", ha asegurado el regidor de la capital.

En este sentido, ha apuntado que en ella se establece que antes del 31 de diciembre de 2015 hay que tomar una decisión en cuanto a "aquellas sociedades mercantiles que estén incursas en causas de disolución o quiebra". En el caso de las citadas empresas jiennenses el gobierno local ha "tomado la decisión, para preservar el empleo público, de llevar a cabo esa municipalización".

"Nosotros, con la ley en la mano, tomamos una medida perfectamente ajustada a derecho y completamente legal para preservar el empleo público", ha dicho Fernández de Moya, quien ha aludido a la existencia de diferencias en ambos casos, ya que, "por ejemplo, Epassa tiene patrimonio propio al ser titular de aparcamientos" con los que "en procesos futuros se podría obtener ingresos" y Somucisa no tiene patrimonio propio y "se nutre del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento".

El alcalde, por otro lado, ha salido al paso de las críticas del grupo socialista sobre la nueva operación de crédito de 14 millones de euros que llegará, igualmente, a la sesión plenaria del viernes. La ha defendido no sin apuntar "que aquellos mecanismos que se utilizaban cuando ellos gobernaban, entonces valían para ellos y ahora no valen" para el gobierno del PP.

Ha lamentado, además, que el PSOE atienda al dicho de "yo invito y tú pagas", dejando, por ejemplo, sin abonar en el mandato 2007-2011 sentencias firmes para las que el Ayuntamiento se ha adherido al fondo del Gobierno por 70 millones de euros, así como "el 80 por ciento de las facturas" que se saldaron con el plan de pago a proveedores.