La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha librado oficio a la Agencia Tributaria a fin de comprobar "las rentas de cualquier tipo que perciban o pudieran percibir a la fecha" los miembros de la familia de la esposa del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, Patrocinio Sierra, antes de determinar la cuantía de la pensión de alimentos solicitada por la imputada.

En una providencia fechada el día 21 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y reclama información sobre las rentas de la "unidad familiar" de Patrocinio Sierra, acordando que, una vez recibida dicha documentación, "se acordará oficiar" a la Guardia Civil.

La juez ha tomado esta decisión después de que el Ministerio Público reiterara en un escrito lo ya solicitado el 17 de agosto en cuanto a que se remitieran oficios a la Agencia Tributaria y a la Guardia Civil para "la comprobación" de dichas rentas, todo ello por cuanto la propia imputada "reconoce que Lanzas se encuentra la mayor parte del año en Albanchez (Jaén) realizando labores agrícolas en la explotación de su padre".

Cabe recordar que la Fiscalía no se opuso a la solicitud de pensión planteada por la imputada, que la cifró en 1.945,80 euros mensuales.

La petición

En un escrito, el abogado de Patrocinio Sierra pone de manifiesto que, "al igual que está ocurriendo con otros imputados", tanto ella como su esposo "carecen de medios para subsistir" tras los embargos acordados contra ellos "por unos importes millonarios", pues la juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones a Lanzas y de 14,7 millones a su mujer.

La imputada, que solicita a la juez una reducción del embargo, señala que "las propias piezas de responsabilidad civil tramitadas contra ellos delatan la situación de insolvencia en la que se encuentran, pues no solo se acordó el embargo de sus inmuebles sino el bloqueo de todas sus cuentas corrientes".

Todo ello "hace que incluso los recibos habituales de cualquier hogar —electricidad, agua, gas— que se venían abonando con aportaciones de familiares, en una cuenta" de la imputada, "finalmente ante su último bloqueo primero y embargo después, tuvieron que ser trasladados a la cuenta de otro familiar con recursos, que se ocupa de este aspecto de su subsistencia con su propio peculio".

"En el momento presente ningún miembro de la familia tiene recursos económicos", alega la imputada, que recuerda que a Juan Lanzas "le llegaron a denegar, incluso, el subsidio de desempleo para liberados de prisión por entender el Servicio Público de Empleo Estatal que no cumplía el requisito de carencia de rentas", para lo que tomó como referencia la declaración del IRPF de 2012, "antes de su ingreso en prisión y bloqueo y embargo de todas sus cuentas".

"minoración de ingresos brutal"

Esta resolución fue impugnada pero su pretensión fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 3 de Jaén, que le denegó "la excepcional figura de prestación de subsidio de desempleo de liberado de prisión, cuando persigue facilitar la reinserción", critica la imputada en su escrito, en el que señala que "los pocos jornales dados en su pueblo para tener algún tipo de ingreso —12 en total— no fueron validados por la Tesorería General de la Seguridad Social para su admisión en el Reass, lo que habría permitido su contratación por otros empresarios agrícolas en su zona de residencia".

La imputada añade que ella "también ha intentado" trabajar en el sector agrario, comenzando en 2013 en fincas de su suegro, y logrando reunir 30 jornales, pero la Tesorería General de la Seguridad Social "la excluyó del censo agrario y de todo derecho a prestación así como posibilidad de trabajar con otros empresarios agrícolas" dado que "entendía que no eran jornadas reales, obviando que en 2013 se produjo en la familia una minoración de ingresos brutal", por lo que "resultó preciso trabajar en lo que se pudiera y donde se pudiera".

"Se vive sin recursos, sólo de las aportaciones familiares, en su mayor parte de los padres de su esposo que tienen pequeñas pensiones, y obtienen además un escaso rendimiento agrícola" de sus fincas, alega la imputada, que reclama una reducción del embargo, el desbloqueo de las cuentas y una pensión de alimentos de 1945,80 euros mensuales equivalente a multiplicar el módulo básico de subsistencia por los tres miembros de la familia.

Liberación de fondos en otras 'MACROCAUSAS'

La imputad recuerda que "otros imputados en macrocausas similares a ésta han obtenido durante la instrucción la liberación de fondos en cuantía suficiente para poder sufragar sus necesidades familiares más básicas, por cierto sin oposición del Ministerio Fiscal y sin la carga procesal de la búsqueda exhaustiva de empleo que se viene imponiendo, y que resulta exagerada en la presente situación de crisis económica".