La Fiscalía de Huelva ha incoado diligencias de investigación contra el alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, por el supuesto pago de indemnizaciones laborales a trabajadores a cargo de una subvención de 288.627 euros destinada a una escuela infantil, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instara al Ministerio Fiscal a investigar estos hechos.

Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos pueden constituir un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos por el destino dado a la citada subvención, empleada supuestamente para el pago de indemnizaciones de trabajadores despedidos.

Cabe recordar que el alcalde de Cartaya en la pasada legislatura procedió al despido de más de 20 trabajadores por distintos motivos, los cuales, tras denunciar, han ganado los juicios, siendo algunos despidos declarados improcedentes y otros nulos.

Por su parte, cinco de estos trabajadores, despedidos en diciembre de 2012, tras alegar el equipo de gobierno que no tenía presupuesto para mantener sus puestos de trabajo, se unieron a la petición realizada por el TSJA a la Fiscalía para que llevara a cabo la citada investigación.

En aquellos momentos algunos trabajadores afectados recibieron un cheque con 8.521 euros en diciembre de 2102 —por retrasos de pagas extras y algunas nóminas— ofertando el mismo día el Ayuntamiento el abono del conjunto de lo atrasado, a condición de que suscribieran un documento de saldo y finiquito renunciado al ejercicio de acciones.

De todos los afectados, 13 se negaron a firmarlo, únicamente el pago de las nóminas, y fueron abonados los atrasos, pero los tres que sí firmaron cobraron todas las indemnizaciones el mismo día, según relata el juez del TSJA, recibiendo uno de estos trabajadores unos días después "un cheque con importe de 9.810 euros en concepto de indemnización por extinción de contrato por causas objetivas".

Por ello, el TSJA considera que se podría haber cometido prevaricación administrativa y una malversación de caudales públicos, dada no sólo la desviación de la finalidad de los caudales públicos como también la existencia de indicio de irregularidad en el uso de esa subvención finalista, destinada para una escuela infantil, por vía de prevaricación —"dada la aparente arbitraria, irrazonable y flagrante contrariedad a las normas jurídicas de la resolución que decidió modificar dicha finalidad"—.

Por estos motivos, instó a la Fiscalía a que investigara las posibles responsabilidades administrativas, penales y contables que puedan derivarse de la decisión y la suficiencia del marco legal eventualmente utilizado, acordándose el envío a la Fiscalía provincial de Huelva para su oportuna investigación, petición a la que se unieron estos cinco extrabajadores.

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