La organización Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), patronal que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, ha subrayado que la mesa creada en sensibilización con la problemática abierta por el hecho de que más de 500 niños de diversas barriadas desfavorecidas de Andalucía —con especial incidencia en Granada— se hayan quedado sin comedor escolar en sus colegios concertados por problemas técnico-administrativos se volverá a reunir en los próximos días si no reciben respuesta de la Presidencia de la Junta a un escrito que se le ha remitido sobre el particular.

Según ha precisado a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas de Granada, Manuel Marchante, en el seno de esta mesa, constituida por titulares, patronales, sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales, se plantearía como propuesta, caso de continuar la actual tesitura, seguir con la denuncia pública, con un manifiesto y una posible acción de movilización en el Palacio de San Telmo.

Marchante, que ha recordado que la problemática se ha dado tras dos décadas de prestación del servicio atendiendo a las necesidades de los centros en zonas marginales, cuando Intervención no avaló en el curso 2013-2014 ni la fórmula utilizada hasta ese momento ni otras alternativas proporcionadas posteriormente, ha indicado que el conflicto ya alcanza a 14 colegios de toda Andalucía, con una deuda de en torno a un millón de euros.

La Junta, ahora, bajo la premisa de poner el servicio nuevamente en marcha con una fórmula que no suponga que a la misma se puedan acoger más centros, trabaja en una nueva normativa que se publicaría "en breve", implicando cambios estatutarios que posibilitan la colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro.

Independientemente de que todas las partes se esfuerzan para poner nuevamente en marcha el servicio de comedor sin tener que seguir adeudando a proveedores y trabajadores, el Ejecutivo autonómico ha instado a la reclamación de la deuda por vía judicial, algo que se estudia, ya que, según Marchante, hay que tener en cuenta los plazos de la resolución y los costes del procedimiento.

Todo ello se encuadra dentro del marco de diálogo abierto por Junta y patronal con el objetivo de buscar soluciones "jurídicas" al conflicto, para cuya resolución la administración autonómica, en principio, "tiene buena voluntad", según Escuelas Católicas.