La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación "de oficio" ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como propietaria de la vivienda protegida en régimen de alquiler correspondiente al primero B del número tres de la plaza de los Inventores, en La Rinconada (Sevilla). Se trata, en concreto, de la VPO de alquiler vendida ilegalmente por su adjudicataria a una mujer que, a su vez, la vendió a una familia finalmente desahuciada.

Como se informó en su momento, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla, el pasado 24 de junio Sandra, José Antonio y su hija de diez días fueron desalojados del primero B del número tres de la plaza de los Inventores, en La Rinconada, una vivienda protegida que compraron ilegalmente en 2010 a una mujer que, a su vez, la había comprado ilegalmente a la inquilina adjudicataria de esta vivienda protegida en régimen de arrendamiento.

El procedimiento judicial derivaba, en ese sentido, de una denuncia de la legítima adjudicataria de esta vivienda protegida en régimen de alquiler, a quien no habría satisfecho los pagos la mujer a la que había vendido ilegalmente el inmueble, según informaban a Europa Press fuentes del caso.

Avra recupera la vivienda

Ante esta situación, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, como verdadera propietaria de la vivienda en cuestión, anunciaba un "procedimiento administrativo" para recuperar el piso, ante las irregularidades detectadas con el objetivo de garantizar el correcto uso de dicho inmueble.

Pues bien, ante esta situación, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha emprendido una "actuación de oficio" dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la que depende la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ante "las irregularidades" detectadas en la "transmisión" de la citada vivienda protegida.

En su actuación de oficio, recogida por Europa Press, el departamento de Maeztu expone que durante el litigio judicial finalizado en el mencionado desahucio, la defensa de los afectados argumentaba que la "responsable" principal del conflicto era la adjudicataria en régimen de alquiler de esta vivienda protegida, dado que no contaba con potestad para venderla, aludiendo también a "la responsabilidad de AVRA por la dejadez en el control de quienes habitan las viviendas de su propiedad y sobre todo, las presuntas ilegalidades cometidas por su inquilina".

Actuación "de oficio"

Por eso, se incoa esta queja de oficio "ante AVRA, en cuanto titular propietaria de la vivienda en cuestión, la cual a demás del ejercicio de las facultades dominicales sobre el citado inmueble, le corresponde el ejercicio de las competencias de gestión y administración, al tratarse de una vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento que ha de estar constituida como residencia habitual y permanente de la persona o familia adjudicataria legal que debió de acceder a la misma conforme a los procedimientos legalmente establecidos".