La juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha rechazado por segunda vez la petición para que impute al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, solicitud que en este caso ha realizado la acusación que ejerce SC Andalucía Mining.

En un auto fechado el 16 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 3 pone de manifiesto que, como ya dijo el 8 de octubre al rechazar la solicitud planteada por Emerita Resources España, "no se aprecian indicios suficientes" para imputar ni al alto cargo de la Junta ni a los representantes de Minorbis, Isidro y Mario López Magdaleno, "sin que la parte solicitante de dicha diligencia aporte ningún dato nuevo respecto de los que ya obran en la causa".

En este sentido, recuerda la declaración prestada el 8 de julio por el presidente de Emerita, Joaquín Merino, y en concreto "cuando expresamente se le interrogó sobre la aludida como empresa local o sobre la relevancia de la expresión 'última palabra'", señalando que "las meras conjeturas o sospechas o la falta de experiencia anterior en el sector minero no son suficientes a efectos de sustentar una imputación penal".

Además, en dicha comparecencia el denunciante no afirmó ni dio por ciertos "extremos que sí figuran en el texto de la denuncia inicial y las dos ampliaciones posteriores de la misma, y, especialmente, cuando se le interrogó sobre la reunión en la sede de Emerita del 11 de abril de 2014 y 'te van a llamar', pero admite que fue una llamada para no decirle realmente nada".

La juez, en este punto, recuerda que, respecto al delito de prevaricación que se investiga, "no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona", según el auto consultado por Europa Press.

"En orden a avanzar en la presente instrucción sería necesario que por las acusaciones se ponga de manifiesto una intervención efectiva y relevante de las personas cuya comparecencia se interesa en los hechos objeto de investigación", asevera la juez.

"detonante" para una imputación

A su juicio, "no basta a este respecto la mera realización de una llamada por parte de un secretario general para preguntar cómo van las cosas, ni menos aún, la defensa en los medios en forma de opinión sobre las actuaciones de otros implicados puede convertirse en detonante de una imputación".

A este respecto, dice que "otro tanto cabe decir" sobre las declaraciones de Isidro y Mario López Magdaleno, agregando que el presidente de Emerita, en su declaración del 8 de julio, "puso de manifiesto las numerosas visitas del empresario a la sede de la Consejería y el interés en el asunto de la mina de Aznalcóllar del viceconsejero, pero no fue más allá en sus afirmaciones".

Así, y preguntado sobre las manifestaciones de Mario López Magdaleno, el representante de Emerita "dijo 'yo interpreto', pero siempre en el marco de acuerdos que para ambas empresas podrían ser una oportunidad, no entró nunca a preguntar más".

La solicitud de andalucía mining

En su escrito, consultado por Europa Press, SC Andalucía Mining pidió la toma de declaración como testigos o imputados de los representantes de Minorbis, "ya que en su beneficio se dictaron las resoluciones que, presuntivamente, configuran los ilícitos penales que se investigan", y de Vicente Fernández Guerrero, "quien no solamente fue partícipe en los hechos que fueron denunciados, sino que ha defendido públicamente la actuación del resto de imputados, respecto de los actos administrativos presuntamente dictados a sabiendas de su injusticia".

Cabe recordar que, en esta causa, hay imputadas un total de siete personas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto.