La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, Francisca Díaz Alcaide, ha mantenido un encuentro con más de 120 representantes de los profesionales sanitarios, asociaciones y entidades del ámbito de la salud, colectivos de participación ciudadana y sociedades científicas para debatir con ellos sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), y recoger posibles propuestas de mejora del documento.

En el encuentro, que se ha celebrado en el Distrito Sanitario de Sevilla y en el que también ha estado presente el gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, la delegada ha informado a los presentes sobre esta ley andaluza, de la que ha destacado que se trata de una norma "pionera en España que permitirá blindar la sanidad pública andaluza desde la sostenibilidad".

Así, ha señalado que la norma será "un instrumento que permitirá al Gobierno andaluz seguir protegiendo la salud de todas las personas que viven en la Comunidad frente el argumento de la crisis que siguen usando algunos partidos políticos, y que sólo esconden intereses economicistas".

Según la delegada, la nueva ley "es un paso valiente y decidido" del gobierno de la Junta de Andalucía para proteger los valores y principios de la sanidad pública, mencionando "la universalidad, la equidad, la solidaridad social y la igualdad efectiva en el acceso a sus prestaciones". Además, indica que se ha elaborado desde el convencimiento que tiene el Gobierno andaluz de que "la sanidad pública es sostenible y eficiente económica y socialmente hablando".

De este modo, según Díaz Alcaide, la norma reforzará los derechos que tiene reconocida la población andaluz en el ámbito de la salud, como son el acceso a una de las carteras de servicios más amplias del país, a una segunda opinión médica, a la libre elección de médico, al consejo genético y a la medicina predictiva, a los cuidados al final de la muerte, al acceso al historial clínico y al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud, entre otros.

Asimismo, ha informado de que el anteproyecto de ley determina que, en ningún caso, se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios del ámbito de competencias autonómicas. Además, detalla que, en caso de que el Gobierno de la nación "imponga" este tipo de medidas en la cartera básica, la norma recoge que se podrán arbitrar medidas para minimizar su impacto en la población andaluza, "como ya se viene haciendo en Andalucía en el copago de farmacia impuesto por el Gobierno del PP".

Del mismo modo, detalla que la futura ley establece que ninguna persona quedará excluida de ninguna prestación sanitaria por razones económicas, garantizando la universalidad de la asistencia "que siempre hemos defendido en Andalucía".

En el ámbito económico, la norma recoge que el Presupuesto andaluz garantizará la financiación suficiente para el sistema sanitario público, estableciendo que, como mínimo, se destinará el 6,5 por ciento del PIB a salud, según detalla la Junta de Andalucía en un comunicado.

Además, el documento establece el desarrollo de sistemas de transparencia y publicidad de las subvenciones, ayudas e incentivos concedidos a la industria farmacéutica, y la puesta en marcha de medidas educativas para la salud dirigidas a la ciudadanía para evitar el consumo innecesario de medicamentos y hacer un uso responsable de los recursos y prestaciones sanitarias.

Asimismo, la ley prevé que el Gobierno andaluz continúe realizando un esfuerzo inversor en I+D+I, apoyando a los grupos de excelencia en investigación e innovación, así como impulsando otros emergentes, protegiendo el talento y conocimiento generado en Andalucía. Para ello, el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud contendrá las líneas prioritarias en el campo de la investigación sanitaria. Finalmente, el texto contempla, además, un Plan Integral de Formación Continua y de Excelencia para los profesionales sanitarios.