El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado este martes que el Gobierno andaluz comparte "el hartazgo y la preocupación" de la ciudadanía de Huelva por los episodios de malos olores "que se han repetido en el último mes con mayor periodicidad de lo que venía ocurriendo", al tiempo que ha garantizado que están trabajando sobre el asunto y que "llegarán hasta el final".

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Fiscal ha indicado que desde la delegación territorial de la Junta en Huelva se está haciendo un trabajo "importante" al respecto y que, prueba de ello, es que técnicos de esta delegación estaban a las 5 de la mañana del sábado visitando la factoría de donde podrían provenir los olores.

El titular del ramo ha explicado que el próximo mes de enero va a estar listo un estudio de olfatometría "que esperemos que determine con exactitud qué está pasando". "Si bien es verdad que los niveles de emisión están por debajo de los máximos autorizados, también es cierto que frecuentemente vivimos episodios que alertan con toda la razón y que hay que corregir como sea", ha añadido.

Junto a ello, Fiscal ha apuntado también que se va a desplazar a la ciudad una unidad móvil que mide las emisiones y que se situará 'sine die' en los lugares donde la Junta entiende que provienen estos episodios, la zona industrial de Nuevo Puerto.

Además, este miércoles se celebrará una reunión en la delegación del Gobierno de la Junta en Huelva con representantes de la industria "a los que se le va a exigir que colaboren y hagan una apuesta más decidida por evitar que esos episodios se produzcan y que se pongan de parte de los ciudadanos".

El consejero de Medio Ambiente, que espera que estas exigencias den sus frutos "más pronto que tarde" y ayuden a corregir una situación que "del todo inaceptable", ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a cumplir con su deber actuando "con la máxima eficacia".

También ha señalado Fiscal que, a partir del 1 de enero, se endurecen determinados límites por la modificación de un reglamento de emisiones industriales que viene del Gobierno central y que hay que hacer cumplir desde las comunidades autónomas.