El Fiscal solicita una pena de tres años de prisión y más de 6.000 euros de multa para una persona acusada de un delito de falsificación en documento mercantil y otro de estafa procesal al pasar diferentes facturas a una empresa incluso después de cesar en sus funciones -en unas obras de mantenimiento de un campo de fútbol- y no tener ningún contacto con las actividades de dicha sociedad.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2004 cuando el acusado, I.C.M., propietario, administrador y representante legal de una sociedad fue contratado por el director general del Club Deportivo Logroñés para efectuar obras de mantenimiento del césped de la Escuela Internacional de Fútbol Logroñés S.L., de la colonia de Albelda.

Tras cesar de sus funciones en agosto de 2004 y no tener ningún contacto con dicha empresa, el acusado pasó una factura a la Escuela del Club por importe de 5.074 euros y al no ser pagada inició un procedimiento monitorio ante el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Logroño.

Allí se acordó que, "por tratarse de una deuda generada con anterioridad a la aprobación del convenio regulador de la suspensión de pagos", ésta se debía reclamar ante el expediente de suspensión de pagos "y no a través del procedimiento monitorio". El acusado volvió a insistir en su pretensión en el año 2006 e igualmente fue rechazado por el Juzgado nº2.

Ante esta situación, el acusado -a través de su empresa- elaboró una factura por importe de más de 26.000 euros en virtud de "un aparente contrato verbal con el C.D.Logroñés SAD que incluía un alquiler de tractor, siega y otros conceptos" (posterior al acuerdo del convenio regulador ratificado por la Junta de Acreedores en fecha de 18 de octubre de 2004).

A pesar de que, según la misma, "dicho vehículo mecanizado estuvo operando desde mediados de septiembre, burlando el reiterado acuerdo, se inició ante el Juzgado de Primera Instancia nº5 un procedimiento monitorio por el cual, por defecto de forma, no se dejó actuar a la parte querellante". Así el Juzgado consiguió, con la presentación de dicha factura "que no obedecía a operación real alguna" dictar un auto en el que se decía que "se tiene por no comparecido al deudor requerido del pago".

Por otra parte, en auto de 5 de mayo de 2006 se estableció "el embargo de la recaudación de las entradas de los partidos que tenía que jugar el club mencionado" por el cual el club "se vio así perjudicado".

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación en documento mercantil y un delito de estafa procesal. Por el primero procede imponer al acusado la pena de un año de prisión y una multa de 10 euros diarios durante 10 meses y por el segundo dos años de cárcel y también una multa de 10 euros diarios durante 10 meses.