La abogada de los trabajadores de Ecomosa (Nestor Martin), María Teresa Ortiz, ha asegurado que en su declaración como imputados, los ex-gestores de la empresa han asegurado que el Gobierno de Cantabria "sabía" que el dinero del primer préstamo no era para la planta de estufas de Maliaño, sino "para invertir en el extranjero".

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la letrada ha afirmado que según Andrés de León y Jesús Lavín, el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) "sabía" de esta circunstancia "desde el primer momento", algo que está "documentado en las escrituras" del préstamo y que "refuerza -ha dicho- la tesis" de los trabajadores.

En su declaración como imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, los exgestores de Ecomosa se han negado a responder a las preguntas de la abogada de los trabajadores, que ejercen la acusación particular, y sólo han respondido a las cuestiones planteadas por la Fiscalía.

Según la letrada, Lavín y De León han negado enriquecimiento alguno; han desviado parte de la responsabilidad del fracaso del proyecto hacia el ICAF y Teka; y han justificado dicho fracaso en un fallo de auditoría respecto a previsiones de mercado.

Los ex-gestores habrían señalado también que si el Gobierno hubiese cumplido el plan de viabilidad propuesto y renovado los avales, la fábrica de estufas de Maliaño no habría cerrado.

"CHORIZOS,

Devolvednos nuestro dinero"

Su declaración como imputados tuvo lugar este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, donde los trabajadores les recibieron al grito de "chorizos, devolvednos nuestro dinero".

De esta forma, los operarios de Ecomasa les reclamaban los 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka, que pusieron en esta empresa a cambio de ser subrrogados, y a los que se suman los 18 millones de dinero público aportados por el anterior Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y Sodercán.

La querella de los trabajadores, que se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual, se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

A la instrucción de esta querella, se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Gobierno regional ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.

El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.