La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 508.226,59 euros a la exresponsable del departamento de Contabilidad de Vitalia Olga Pascual, quien, entre otras cosas, "habría hecho efectivos diferentes pagos a testaferros".

En un auto fechado el 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, de las investigaciones efectuadas y de su declaración como imputada del pasado 13 de diciembre de 2013, "resulta que como responsable del departamento de Contabilidad del holding Vitalia en la fecha investigada, era la persona de confianza de los gerentes del mismo", los también imputados Eduardo Pascual y María Vaqué.

De esta manera, y según la juez, "su intervención se concreta a la participación en el establecimiento de una mecanismo financiero de caja única, de forma que como jefa de contabilidad es la persona que tenía autoridad para recibir órdenes del Equipo Coordinador sobre la realización de determinadas transferencias entre distintas cuentas de Vitalia Vida".

De esta forma, "el dinero después era sacado en efectivo y entregado a Antonio Albarracín para hacer frente al pago de comisiones a terceros que de alguna forma habrían participado en procesos de regulación de empleo o en la concesión de ayudas, todo ello independientemente de quien figure formalmente como autorizado en cada una de las muy numerosas cuentas a través de las que opera el entramado en su conjunto".

La juez asevera que la imputada, por tanto, "asumiría indiciariamente un papel relevante en la ejecución de los pagos a terceros, en forma de comisiones a terceras personas que han tenido una actuación en diferentes procesos de reestructuración de empresas, acometidas con fondos públicos".

"Presuntamente, sería responsable de los pagos que desde el entramado Vitalia se efectuarían a cuentas del entramado Atrado, que era la forma de hacer llegar" a Juan Lanzas "los pagos por su papel de 'conseguidor'", asevera.

Del mismo modo, la imputada "habría hecho efectivos diferentes pagos a testaferros, es decir, a personas que figuran en los órganos sociales del entramado, participando en diferentes negocios jurídicos con la sola finalidad de ocultar quienes son los verdaderos administradores y responsables de hecho de la mercantil, Eduardo Pascual y María Vaqué, pagos éstos que aparecerían reflejados en documentos internos de la empresa".

La juez dice que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, y le impone una fianza civil de 508.226,59 euros, que es el 0,50 por ciento más el tercio legal de los 76.233.988,25 euros impuestos como fianzas civiles a Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual, "teniendo en cuenta su participación en todo el proceso y el cargo que ostentaba en dicha entidad, donde actuaba bajo las órdenes de los anteriormente citados".