El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha valorado este jueves los avances legislativos previstos en la futura Ley de Contratos del Sector Público en España "destinados a mejorar la integridad y la transparencia en la contratación pública y evitar posibles casos de corrupción".

En concreto, según informa en una nota la Cámara autonómica, Durán ha destacado que la futura normativa estatal se aplicará a los partidos políticos, fundaciones vinculadas a estos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales financiados mayoritariamente con dinero público, que deberán someterse a lo establecido en la norma cuando cumplan los requisitos para ser considerados "poder adjudicador".

Durán ha realizado estas consideraciones durante el acto de inauguración de las II Jornadas de Estudio de los Servicios Jurídicos de los órganos de fiscalización externa que se denominan 'La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en la Legislación Española' y que ha organizado la Cámara de Cuentas de Andalucía, acto que también ha contado con el presidente de esta institución, Antonio López.

Para Durán, "cuanta más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas de cualquier organismo o administración va a ser mucho más difícil que se puedan llevar a cabo malas prácticas" y ha puesto como ejemplo la Ley de Transparencia de Andalucía, "donde la Junta publica en su Portal desde el mes de marzo de este año información sobre los contratos y subvenciones otorgados".

El presidente del Parlamento ha recordado que la Unión Europea aprobó una directiva en febrero de 2014 sobre contratación pública, y en abril de 2015 el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley para adaptar dicha normativa europea en nuestro país, que debe entrar en vigor antes de abril de 2016.

"La nueva legislación pretende dotar a los países europeos de mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, un modelo de seguridad a los operadores económicos e incrementar la competitividad, reducir plazos y costes en la contratación pública", ha agregado.

Durán ha destacado que "la directiva europea avanza hacia la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos", medida que, en su opinión, "las administraciones deben propiciar para favorecer la existencia de estas cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de la contratación de obra pública".

Ha afirmado que confía "plenamente" en su aplicación en Andalucía, "lo que supondrá una respuesta a las peticiones del sector de la economía social y que nos da una dimensión de igualdad y solidaridad hacia todos los que están haciendo un esfuerzo por mantener la economía andaluza".

Los tribunales de cuentas,

Actores "clave"

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, según informa este órgano en una nota, ha asegurado que "la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Economía Europea, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos". "Es con este fin, según exponen las propias directivas comunitarias, que deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública", ha añadido.

Respecto al papel que deben asumir los órganos de control externo, el presidente de la Cámara de Cuentas ha señalado que el informe de la Comisión Europea sobre lucha contra la corrupción en la Unión Europea de febrero de 2014 considera, al analizar el sector de la contratación pública, que en muchos Estados miembros, "los tribunales de cuentas se han convertido en actores clave en la identificación de las lagunas y deficiencias de los procedimientos de contratación pública, al tiempo que resalta su papel en la reforma de la lucha contra la corrupción".

"La crisis financiera sufrida en Europa ha abierto nuevos desafíos económicos y políticos, y los ciudadanos exigen mayores garantías de integridad y transparencia en el gasto público", ha manifestado López para agregar que en este empeño, "los órganos de fiscalización externa deben asumir funciones de prevención y detección eficaz de cuales sean las zonas de riesgo de ineficiencias en el sistema de contratación pública y de prácticas ajenas a la legalidad".

En este sentido, asume que "se ha perdido una importante oportunidad en orden a reforzar el papel de los OCEX y Tribunal de Cuentas cuando en la Ley de Transparencia y buen gobierno, no se han añadido como conductas típicas del sistema sancionador determinadas prácticas elusivas de las obligaciones de rendir cuentas de las administraciones públicas, o se han dejado de incluir medidas o mecanismos eficaces en orden a garantizar el seguimiento de las recomendaciones de los Tribunales de Cuentas".

Durante la Jornada, en la que participan 150 personas, se analizan, entre otras cuestiones, el papel de los órganos fiscalizadores en la nueva gestión de la contratación pública donde no basta únicamente el análisis de legalidad, sino que además es necesario que se respete el principio de estabilidad presupuestaria y el de eficiencia.