El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, ha defendido este miércoles que no recibió presiones políticas ni indicaciones para contratar al personal durante su etapa en la Epsar, con lo que ha negado cualquier irregularidad al respecto.

Morenilla —también acusado en el conocido caso Emarsa, por el que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión en una de las piezas— se ha pronunciado en estos términos tras declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia por un presunto delito de prevaricación administrativa, en relación con la contratación de personal afín al PP.

En un comunicado tras declarar en el juzgado, Morenilla, quien dejó la Epsar en julio de 2011, ha explicado que realizó contrataciones en la entidad "cumpliendo" lo marcado por la Ley de Saneamiento y por el artículo 31/5 de la Ley de Presupuestos, y ha asegurado que estas decisiones estaban "plenamente respaldadas" por los correspondientes acuerdos del Consejo de Administración.

Así, ha defendido que los cinco trabajadores que contrató "disponían de la experiencia, titulación y capacidad adecuada para el puesto por el que fueron contratados" y se siguió el "mismo procedimiento" por el que se contrató a la mayoría de personal de la Epsar desde el año 1992. Para la contratación de estos cinco trabajadores ha asegurado que no recibió ninguna presión externa ni de ningún entorno político. A su juicio, fue la Dirección General de Presupuestos la que causó un "grave perjuicio" a la Hacienda Pública Valenciana por no dotar a la Epsar "de los medios humanos necesarios".

En esta línea, ha aseverado que los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, desde el año 2004 al 2014, "recomiendan repetidamente adecuar la plantilla de la Epsar al volumen de actividades de la misma", y es por ello que "no hubo más remedio que contratar al personal necesario para evitar el colapso de la Epsar", ha subrayado.

La contratación, de esta manera, "siguió el dictamen de las Leyes de Presupuestos de la Generalitat, en su artículo 31.5, y los gastos de estas contrataciones no sobrepasaron en ningún caso el presupuesto de personal aprobado por el Consejo de Administración", ha puntualizado.

Informes de la sindicatura

Morenilla también ha insistido en que ninguna de las auditorías realizadas anualmente por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat sobre la actividad de la Epsar recogió "jamás" que se precisase de un informe favorable de la Dirección General de Presupuestos para la contratación de personal, ni que se estuviese incumpliendo la Ley de Presupuestos.

En esta línea, ha indicado que las auditorías realizadas por la Intervención General "se pasaron todas sin excepciones ni salvedades". También ha dicho que los beneficios de la contratación de estos trabajadores sobre la cuenta de resultados de la Epsar pueden estimarse en 20 veces superiores a su coste, "ya que gracias a su contratación, entre otras acciones, se recaudaron 24 millones de euros, suficientes para financiar todos los sueldos de su personal", ha destacado.

"Si los ratios que la Dirección general de Presupuestos impuso de manera irracional y arbitraria a la Epsar —ha agregado— se hubieran aplicado de la misma manera a la Emshi —responsable de la gestión del agua en alta en el área metropolitana y quien podía haber impedido el fraude en Emarsa—, deberían de haber despedido al 92% de su plantilla. Peor hubiera sido en la propia Conselleria de Hacienda, donde deberían haber despedido al 98% de su plantilla", ha agregado.

Por otro lado, Morenilla ha lamentado que desde la Conselleria de Hacienda se remitieron a la fiscal que investiga el caso seis documentos "y no toda la correspondencia mantenida entre la Epsar y la Dirección General de Presupuestos, que suman más de 22 documentos desde la fecha en que la Epsar inició sus reivindicaciones en materia de personal". Así, estima que la Dirección General de Presupuestos "ha transmitido una visión parcial de la realidad".