El Grupo de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición de Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética dirigida a que la Junta de Castilla y León se haga cargo, por ley, del realojo de aquellas familias sin capacidad económica para pagarse una vivienda, así como de garantizar el suministro de servicios básicos de agua, luz y gas.

La proposición, tal y como ha explicado el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, supone un gran "avance" al plantear distintas medidas de forma integral que implementan las políticas en la materia puestas en marcha por la Junta y que obligan a ésta a garantizar por ley el realojo de familias en situación de especial vulnerabilidad.

El planteamiento efectuado por Podemos parte de la realidad mostrada por el último informe del Consejo Económico y Social, según el cual en Castilla y León hay más de 500.000 familias en situación de exclusión social, a las que este último año se han sumado otras 127.000, lo que sitúa el porcentaje total en el 26,1, y que en el primer trimestre del presente año llevamos ya un total de 788 desahucios, con lo que de continuar con esta progresión el número de lanzamientos al final del ejercicio podría situarse en más de 2.800.

Ante esta situación, Podemos plantea un procedimiento extrajudicial para resolver los problemas de aquellas familias que no pueden pagar la renta de su vivienda, partiendo de la creación de comisiones de sobreendeudamiento que, dentro de un procedimiento administrativo, puedan reestructurar la deuda de los afectados y establecer nuevos plazos de pago.

En el supuesto de que ello no fuera posible, la formación de Fernández plantea un procedimiento judicial simplificado, en el que el juez sea el encargado de establecer un calendario de pagos. Sólo si tampoco los afectados pudieran afrontar las rentas, Podemos aboga por que sea la propia Junta la que, antes de producirse el desahucio, se haga cargo del realojamiento de estas familias.

De forma paralela, la proposición defiende una fuerte inversión en un parque público de viviendas en alquiler. A este respecto, tras destacar que actualmente hay en Castilla y León cerca de 300.000 viviendas vacías, Podemos plantea dotar a la Junta de la facultad necesaria para que las personas jurídicas propietarias de las mismas se vean obligadas a cederlas para el realojo de las familias en riesgo de exclusión social.

En la misma línea, el Grupo Parlamentario de Podemos es partidario de que el Ejecutivo autonómico garantice servicios tan básicos como el agua, la luz y el gas en casos de familias en riesgo de exclusión social, de forma que en ningún caso los gastos de vivienda y dichos suministros superen el 30 por ciento de los ingresos familiares.

"Poner en práctica esta proposición tiene un coste cero y tan sólo es cuestión de voluntad política", ha asegurado el portavoz de Podemos.