La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado los recursos especializados y las actuaciones específicas que desarrolla la Junta para atender a las personas que están en riesgo de exclusión social y que van más de la atención hospitalaria, cuando el caso lo requiere. La representante del Gobierno autonómico ha comparecido en el Parlamento para detallar las prestaciones previstas para personas en situación de exclusión social a petición del Grupo Podemos, quien ha apuntado "carencias" y una "falta de coordinación o presencia que pueda dar una adecuada y general atención a este tipo de personas".

Sánchez Rubio ha explicado que las acciones destinadas a estas personas tienen como objetivos la promoción de la salud y el bienestar social, la intervención preventiva sobre los estilos y condiciones de vida y la protección y cuidado de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo. En concreto, la Junta pone a disposición de este grupo de personas nueve Centros de Encuentro y Acogida y las estrategias de reducción del daño —uno por provincia y dos en Jaén—, que han contribuido considerablemente a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

En el supuesto de personas atendidas en el sistema sanitario andaluz, ha recordado que tienen garantizado, si fuera necesario, un seguimiento durante el período de convalecencia con independencia de su situación familiar, social o económica. En su intervención, también ha hecho mención a las políticas públicas sanitarias orientadas a la promoción de la rehabilitación funcional y "reinserción social del paciente", así como los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo.

Atención integral

Sánchez Rubio ha señalado también que debe darse un paso más para facilitarle a la persona la atención integral que requiere, lo que implica que tanto los servicios sociales como los sanitarios conozcan toda la información disponible de cada persona y, en su caso, de su unidad familiar. En este sentido, el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía establece que todas las personas tendrán una única historia social digital.

El anteproyecto también prevé de forma expresa la coordinación entre los servicios sociales y los de salud para desarrollar actuaciones de promoción de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, mayores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

La consejera ha hecho hincapié en los servicios comunitarios, el primer nivel de intervención en materia de servicios sociales, que han atendido en Andalucía casi 955.000 personas en el último año evaluado (2013), constituyendo una red de atención "muy consolidada" gracias a la aportación de las entidades locales, la Junta de Andalucía y la Administración del Estado, aunque ésta última ha bajado su aportación en esta Legislatura un 68,51 por ciento, según ha denunciado. Así, en 2015 la aportación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales es de casi 34 millones de euros frente a los casi 5,4 del Estado "sin que la situación tenga perspectivas de mejorar en 2016".

Asimismo, ha destacado otras prestaciones de los servicios sociales comunitarios como el de Convivencia y Reinserción Social, que ofrece alternativas y respuesta a las personas que carecen de una adecuada estructura de convivencia familiar. Junto con este colectivo, sobresale el de las personas sin hogar que son las que más necesitan disponer de un recurso inmediato en caso de tener que seguir un programa de salud tras la convalecencia hospitalaria. Para estas personas que en muchos casos carecen de apoyo familiar y social están disponibles los Centros de Acogida de carácter temporal, que prestan los medios necesarios para normalizar su convivencia, procurando la necesaria intervención para su inserción social.

Estos recursos de carácter temporal se complementan con otros específicos destinados para aquellas personas que, además de riesgo de exclusión, por su tipo de enfermedad crónica o por su edad, necesiten recibir algún programa de salud domiciliario tras el alta hospitalaria. Es el caso, por ejemplo, del colectivo de personas con problemas de drogodependencias u otras adicciones.

Para este tipo de población y para el resto de personas con adicciones, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales pone a su disposición una red de recursos de atención integrada por 176 centros, 120 de ellos de primer nivel de la atención con carácter ambulatorio y 56 centros residenciales cuando la indicación terapéutica así lo aconseja. Igualmente se ha referido al programa de Viviendas de Apoyo al Tratamiento, en las provincias de Granada, Huelva y Sevilla, con 16 plazas destinadas a personas con drogodependencia carentes de recursos que no cuentan con el entorno social y familiar necesario para iniciar el tratamiento.

Otras medidas

Sánchez Rubio ha recordado otras medidas del Gobierno Andaluz destinadas a personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo como las Ayudas de Emergencia Social, prestaciones económicas individualizadas destinadas a paliar contingencias extraordinarias, que en 2013 han ascendido a algo más de 34,3 millones correspondientes a 329.877 prestaciones. También el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social y las actuaciones de entidades privadas sin ánimo de lucro para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos o en riesgo o situación de exclusión social, así como el servicio de catering a domicilio.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha señalado que el caso del joven polaco Pietr Piskozub "elevó el nivel de conciencia social y también el nivel de notoriedad mediática que tenían estas personas", pero "este caso no es una excepción, aunque no tenga consecuencias tan trágicas", porque "existen también otros muchos más casos como éste".

"sobredimensionada" beneficencia de los ayuntamientos

En este sentido, asegura que la realidad demuestra que "existe una carencia", que es el movimiento asociativo "el que está atendiendo estos casos", y que "no hay una coordinación o presencia que pueda dar una adecuada y general atención a este tipo de personas". Además, Podemos apunta a una "sobredimensionada" actividad dedicada a la beneficencia por parte de los ayuntamientos, en lugar de recursos orientados a la rehabilitación.

Del mismo modo, critica la inexistencia de Unidades de Trabajo Social (UTS) las 24 horas del día en todas las unidades de urgencias, y manifiesta que "no puede recaer en las espaldas de los profesionales de salud hacer una evaluación social de las personas que llegan a urgencias". Al respecto, asegura que tanto el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como el Defensor del Pueblo "constataron las deficiencias de estos servicios de urgencias a colectivos de personas vulnerables".

Romero también señala una "notoria" falta de recursos específicos a los que se puedan derivar una vez dados de alta, ya que los servicios sociales comunitarios "no tienen recursos que puedan servir de residencia alternativas", y afirma que "esta carencia de recursos hospitalarios, sociales y municipales no permiten hacer un seguimiento integral de este tipo personas en exclusión social", lo que "propicia recaídas".

Así, el diputado de Podemos pide que se inviertan "los suficientes recursos públicos" en lo presupuestos para 2016, y "una atención integral con calidad total en el SAS". Igualmente, ve "muy mejorable" el protocolo actual.

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