La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander ha registrado en el Parlamento de Cantabria una moción en la que exige una nueva ley que regule el derecho a la vivienda y que cubra las medidas "de mínimos" para hacer frente a la "emergencia habitacional".

Entre las mismas figuran medidas "de segunda oportunidad", como la dación en pago retroactiva y condonación de la deuda; al tiempo que se apuesta por un alquiler "digno", regulado en favor de la parte "más débil"; se pide que se garantice la vivienda y que no se realicen desalojos o desahucios de personas en situación de vulnerabilidad; se impidan los cortes de suministros básicos (agua, luz, gas, etc); y se cree un observatorio de la vivienda, entre otros aspectos.

Así se desprende del texto de la moción, que ha leído ante los medios Lucinda Gutiérrez, que ha actuado como portavoz de la PAH, colectivo que, tras registrar esta iniciativa en la Cámara, ha entregado una carta al presidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, para pedirle que se ponga en contacto con el presidente de Liberbank para que "se involucre" en la resolución del conflicto generado con la entidad, tras solicitar la renegociación de la hipoteca de tres afectados y ocupar en cuatro ocasiones oficinas de las que han sido desalojados por la Policía.

En cuanto a la moción, dirigida a la Comisión de Peticiones del Parlamento, se solicita el apoyo del Pleno de la Cámara para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas "de mínimos" para hacer frente a la "emergencia habitacional".

Entre las medidas denominadas "de segunda oportunidad" a incluir en la nueva norma, figuran la dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, la eliminación "automática" por parte de los bancos y "sin previa petición" del titular de las cláusulas declaradas abusivas en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se ejecute la primera y única vivienda de titulares o avaladores para exigir su responsabilidad y se considere la vivienda habitual un bien "inembargable", y la eliminación de "todos" los requisitos "restrictivos" para acceder a la moratoria de desahucios y al 'cógido guindos', salvo en vivienda habitual, deudores de buena fe o carencia de recursos.

Para lograr un "alquiler digno" la PAH pide regular en mismo en favor de la parte "más débil" de los contratos, esto es, de los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler hasta los cinco años. Y cuando el arrendatario sea de un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga "automática" del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será "obligada" cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.

De cara a garantizar la vivienda, la moción establece que las entidades bancarias aseguren un alquiler social para personas deudoras de buena fe y familiares, que tras ceder su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.

En este ámbito, los grandes tenedores de vivienda -entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos etc- garantizarán un alquiler social a personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa. Además, quienes no puedan afrontar el pago del alquiler obtendrán ayudas que eviten el desahucio.

Asimismo, "en ningún caso se podrá realizar un desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por falta de vivienda sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Que el realojo por alquiler social de una persona en situación de vulnerabilidad sea en una zona donde el afectado tenga sus redes sociales y vitales y que se cree un parque público de vivienda mediante la movilización de pisos vacíos son otras peticiones que completan este bloque de medidas que, en todos los casos, contemplan que el precio a pagar por alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros.

En relación a esto último, la moción también establece que se impidan los cortes de luz, agua y gas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Además, el pago de los mismos se hará en función de la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.

Finalmente, con esta iniciativa parlamentaria la PAH también solicita la creación de un observatorio de vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil, que será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Así, realizará censos periódicos de viviendas vacías, seguirá las políticas públicas o se ocupará de la elaboración de informes.

Carta a revilla para que medie ante liberbank

Por otro lado, los integrantes de la PAH han entregado una carta a Revilla para pedirle que se ponga en contacto con el presidente de Liberbank para que se "involucre" en la resolución del conflicto que el colectivo mantiene con la entidad.

En concreto, los afectados quieren que disponga un "interlocutor válido" para lograr renegociar las hipotecas de tres afectados que "no pueden pagar" y "buscan una solución".

En este sentido, la PAH explica en la misiva que desde junio de este año han estado intentando que Liberbank negocie esos tres casos. En la última reunión les dijeron que "no era posible que se renegociase la deuda de dos de los casos en los que los afectados pueden pagar", al tiempo que se mostraron "receptivos" a aceptar la dación en pago del tercer afectado.

Pero, desde entonces, la plataforma no ha recibido "nuevas noticias" de Liberbank, lo que les ha "forzado" a ocupar en cuatro ocasiones las oficinas de la entidad, de las que han sido desalojados, en todos los casos, por la Policía.

"La desesperación cunde entre los afectados", aseguran desde la PAH a Revilla, al que piden que contacte con el presidente de Liberbank para que "se involucre" en la resolución del conflicto y disponga de un interlocutor "válido".

"Si usted está de verdad contra los desahucios, éste es un buen momento para demostrarlo. Ayúdenos a que Liberbank, -antes Caja Cantabria, una entidad de propiedad pública y que fue rescatada por los desmanes de los responsables políticos de la misma-, resuelva esta situación", concluye la carta de la PAH al presidente cántabro.

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