El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha informado esta tarde de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "tumba" los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz modificados por el PSOE e Izquierda Unida en el anterior mandato.

En rueda de prensa, Saldaña ha afirmado que "el TSJA da la razón a los populares" al considerar "contrarios al ordenamiento jurídico" los estatutos modificados, y ha agregado que la sentencia "pone de manifiesto que el ente mancomunado viene funcionando con unos estatutos ilegales, por lo que tanto la constitución del mismo como los acuerdos adoptados por su junta general son nulos".

A su juicio, "es una muestra más de la oscuridad y falta de transparencia con la que los gobiernos de PSOE e IU han venido gestionando la Mancomunidad".

Saldaña ha recordado que los nuevos estatutos de la Mancomunidad entraron en vigor el 29 de abril de 2014 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con un procedimiento "ilegal" y ha explicado que esta sentencia responde a un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Prado del Rey, gobernado por el PP, al considerar que "se han omitido trámites esenciales al no haberse seguido el trámite de información pública y que los plenos de todos los ayuntamientos debían aprobar los estatutos".

El secretario general del PP de Cádiz ha afirmado que "no se ha oído a los representantes del pueblo, no se ha oído a algunos ayuntamientos", lo que la propia Mancomunidad —según la sentencia— reconoce, con lo que no cumplió los trámites de participación pública legalmente establecidos.

Saldaña ha lamentado que la Mancomunidad "se haya convertido en la madriguera del PSOE e IU, utilizando al ente en beneficio partidista y no por el bien de los municipios de la Sierra". A su juicio, "todo aquel que se une al PSOE en Cádiz y en Andalucía acaba contaminado".

Finalmente, el dirigente del PP ha exigido "responsabilidades políticas a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y la dimisión del presidente ilegal de la Mancomunidad, Juan Nieto, por este atropello a la voluntad popular". Además, ha vuelto a exigir la elaboración de una auditoría económica y una auditoría de gestión y personal del ente mancomunado.

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