El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Se trata del mismo texto legal remitido al Parlamento andaluz el pasado año por el gobierno de coalición de PSOE-A e IULV-CA que no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha defendido en rueda de prensa que se trata de una ley "a todas luces necesaria e imprescindible" que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia y permitirá "hacer más fuerte y más sólida nuestra democracia".

Aguilar ha destacado que el proyecto normativo se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

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