Las 38 familias del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ubicado en Camas y desalojado desde el pasado 10 de octubre de 2014, cumplen este sábado un año fuera de sus hogares. "Sin nada de subvenciones o ayudas" públicas, las familias han comenzado con sus propios fondos la rehabilitación de este edificio cuyas deficiencias derivan de su construcción sobre un terreno de arcillas expansivas.

Como muestran las hemerotecas, el 10 de octubre de 2014 fue consumado el desalojo del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, a cuenta de las deficiencias detectadas en uno de sus pilares como consecuencia de las arcillas expansivas sobre las que se alza el bloque. En 2008, el bloque número dos del residencial Jardín Atalaya ya fue desalojado dadas las grietas y deficiencias que presentaba el edificio al haber sido levantado también en esta zona de arcillas expansivas, allá por los años 70.

Tras una serie de reuniones entre los afectados, el Ayuntamiento de Camas y la Delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, quedó por aquel entonces de relieve que las familias no podían solicitar ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas, pues no habría abierta entonces ninguna línea de subvenciones en ese sentido y el conjunto de familias, además, contaría con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aspecto que les excluiría del acceso a ayudas de esta naturaleza.

"sin ayudas"

Desde entonces y hasta ahora, según ha relatado a Europa Press Rafael Placita, presidente de la intercomunidad de propietarios, el edificio sigue desalojado y las familias residen en casas de familiares o de alquiler, con lo que afrontan en solitario el pago de los hipotecas de las viviendas clausuradas, los alquileres provisionales y por si fuera poco, las obras de reforma del edificio, que han comenzado ya "sin nada de subvenciones o ayudas" por parte de las administraciones públicas.

Según este portavoz del colectivo, el conjunto de obras de rehabilitación del edificio suma aproximadamente 700.000 euros. En concreto, 300.000 euros para el acondicionamiento de la estructura, unas tareas que ya han comenzado, y 400.000 euros para los trabajos de "recalce" en los cimientos. Las obras de rehabilitación del edificio, según expone, están siendo sufragadas íntegramente por los afectados, sin respaldo institucional.

"Estamos pagando las obras solos, por nuestra cuenta, como podemos", dice Rafael Placita, quien admite que el colectivo de propietarios no cuenta con "todo el dinero" necesario para la segunda fase de las obras, la de "recalce".

Demanda a la aseguradora

Este portavoz del colectivo de afectados ha recordado el encuentro celebrado meses atrás con el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Juan Carlos Raffo, y el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Juan Borrego, en torno a la posibilidad de que las familias concurran al nuevo marco de subvenciones autonómicas en materia de rehabilitación de vivienda. No obstante, ha opinado que la consecución de subvenciones por esta vía "no tiene visos de dar resultados a corto plazo".

Por último, ha anunciado que el colectivo ha acordado interponer una demanda contra la compañía aseguradora Allianz, con la que estaba contratada la póliza de seguros del propio edificio, después de que la misma "no se haya hecho responsable de nada" y no haya admitido indemnización ninguna en favor de los afectados.