La Diputación de Valladolid, en colaboración con Cruz Roja y Cáritas, ha abierto a las familias solicitantes de asilo o refugiadas la línea de ayudas al alquiler vigentes en la provincia, que alcanzan los 110.000 euros.

Así lo han rubricado este miércoles el presidente de la Institución provincial, Jesús Julio Carnero, y los responsables provinciales de Cáritas, Jesús García Gallo, y Cruz Roja, Isabel Gómez Rincón, en una adenda al convenio firmado el pasado mes de febrero por el cual la Diputación establecía, para 2015, un programa de ayudas al alquiler de viviendas para familias desahuciadas.

En este caso y con motivo de la crisis humanitaria derivada de la guerra en Siria, las tres partes han acordado abrir esa línea de ayudas a los solicitantes de asilo o a los refugiados procedentes de aquel país, "un desahucio que es mucho más dramático", que de este modo podrán acceder a las dos modalidades de subvención: el pago del cien por cien del precio del alquiler hasta seis meses (prorrogables a nueve) y el pago del 50 por ciento durante un año prorrogables a un año y medio.

Para ello se destina la partida ya establecida de 110.000 euros —hasta ahora se han concedido 15 ayudas— aunque Carnero ha asegurado que, en caso de ser necesario, se ampliaría la dotación económica con el fin de "dar respuesta" a un tema "esencial" como es la defensa de los derechos de las personas al margen de dónde se encuentren o de su origen.

Recientemente, ha explicado, la Institución ha concluido un censo sobre los recursos provinciales existentes y que podrán ponerse a disposición del colectivo de refugiados, en concreto de aproximadamente 55 familias.

Por su parte García Gallo, quien ha precisado que la "catástrofe humanitaria" de los refugiados sirios (el 40 por ciento son menores de edad) es "una parte más" de lo que sucede en la frontera de Melilla o en Lampedusa con refugiados procedentes de Etiopía, Libia, Eritrea o Irak, ha asegurado que Cáritas presenta a la adenda cinco viviendas equipadas y plazas residenciales en colegios mayores, en concreto en tres centros que han ofrecido directamente su colaboración.

Isabel Gómez ha recordado que la vivienda es un "elemento fundamental para garantizar una necesidad "básica" de la condición humana, a lo que ha añadido que Cruz Roja trabaja ya en los preparativos para la llegada de los refugiados, en concreto en todo lo relacionado con su integración.

Acciones contra la exclusión

Jesús Julio Carnero ha aprovechado el acto de firma de la adenda al convenio para repasar algunas de las iniciativas que, en el marco de la lucha contra la exclusión social, promueve la Diputación, entre las que se ha referido al servicio de comidas a domicilio, que desde el 20 de julio y hasta el pasado 30 de septiembre sirvió 6.600 servicios a 130 menores de 66 familias residentes en 26 municipios.

"Ojalá que el año que viene no tengamos que volver a ponerlo en marcha", ha deseado el presidente de la Diputación, quien ha sumado a esa partida la de 295.000 euros dirigidas a paliar necesidades educativas (50.000 euros para ayudas de desplazamiento, residencia y matrícula de universitarios, con 87 solicitudes, y 200.000 euros para material escolar).

En este escenario, Carnero ha presentado el Equipo de Inclusión Social (EDIS), conformado por siete técnicos —dos del Servicio de Orientación e Inserción Laboral, tres de Provincia Abierta, una especializada en Inclusión Social desde la óptica de la emergencia social y el coordinador de los CEAS— y con el que se persigue "sistematizar" y contar con toda la información.

Este grupo gestionará, según Carnero, las ayudas de emergencia, el Servicio Integral para Familias en riesgo de insolvencia hipotecaria, asuntos de extranjería, Renta Garantizada de Ciudadanía, Servicio de Distribución de Alimentos o el Centro de Acogida de Mayorga.