Hace justo una semana que Diego Llopis se mudó al jardín de su casa, donde "estamos resistiendo" "con las carnes abiertas" a la espera de una resolución favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Llopis es uno de los cuatro propietarios del diseminado de Cantarranas - en El Puerto de Santa María- que fueron desalojados el pasado día 3 como consecuencia de una orden de demolición ratificada por el Tribunal Supremo en el año 2002. Desde entonces, la ejecución de la sentencia se ha ido demorando con recursos y más recursos, pero "los plazos ya están agotados".

Este vecino y su familia han cambiado las comodidades de su hogar (construido en suelo no urbanizable) por las de una tienda de campaña ya que lo que los tribunales consideran ilegal es la vivienda, no la parcela y, por ello, cuenta con el respaldo del Consistorio portuense.

Sus abogados han hecho una "última intentona". Han presentado ante el Alto Tribunal Andaluz un acuerdo plenario en el que el Ayuntamiento se compromete a clasificar el suelo de Cantarranas como "suelo urbano no consolidado" en el nuevo PGOU, por lo que sería factible la legalización de las cuatro viviendas.

Una cinta comprometedora

Estas cuatro viviendas no son las únicas ilegales de Cantarranas. "Aquí hay decenas, y en todo El Puerto unas 5.000", afirma Llopis. Lo que ocurre es que este tipo de delitos prescribe a los cuatro años y "nosotros somos los únicos denunciados".

Lo más curioso del caso es que la denuncia la interpuso un vecino "de mi propia calle, de mi propia acera", donde están las cuatro casas pendientes del derribo y la del denunciante.

Según cuenta, esta persona "ha intentado lucrarse con nosotros y, al no haberlo conseguido ha decidido llegar hasta el final con la denuncia". De hecho, "aunque no puedo demostrarlo, ha dicho a mis otros vecinos que él tiene que ver las casas en el suelo, que hasta entonces no se quedará tranquilo", "que seremos muy buenas personas, pero que las casas tienen que caer".

Llopis asegura que no encuentra "explicación a estas palabras si no salen de un demente".

Además, Llopis y los otros propietarios tienen pruebas de "los intentos de extorsión" del denunciante. De hecho, sus abogados han presentado ante el TSJA una grabación en la que este vecino "nos pedía dinero a cambio de retirar la denuncia".

La cinta tiene validez legal, ya que fue autorizada por un juez de El Puerto ante el que denunciaron el caso y "dio su consentimiento".

Del dinero al daño

Diego Llopis comenta que al principio, "esta persona intentó sacar dinero al constructor y no lo consiguió". Los cuatro propietarios "compramos la casa a terceros y nos enteramos de la denuncia a los tres años". Fue entonces cuando su vecino les pedía "seis millones de las antiguas pesetas por casa a cambio de retirarla", pero "somos trabajadores, vio que no podíamos y bajó a tres millones por casa".

Luego el Tribunal Supremo emitió su fallo y "ya no había opción de enmendarlo" así que optó "por seguir hasta el final".

De hecho, esta persona "ha ido desde entonces de departamento en departamento del Ayuntamiento, presionando para que llevasen a cabo los derribos y amenazando con más denuncias al concejal de Urbanismo, al antiguo alcalde y hasta al Jefe de Policía Local".

Así las cosas, "no nos queda más que esperar a que el tribunal lo tenga en cuenta y resuelva a favor de no tirar las casas", concluyó.

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