El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha dictado auto de apertura de juicio oral en la causa sobre el proceso de adjudicación "a dedo" de la variante de Guardo (Palencia) y se acusa de un delito de revelación de informaciones reservadas y por un delito de fraude a un ente público a la funcionaria de la Consejería de Fomento B.G.G y a su jefe, J.M.A.

El Ministerio Fiscal solicita la pena de multa de 15 meses con cuota diaria de 15 euros ,con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en caso de impago y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y por el delito de fraude la pena de un año y ocho meses de prisión y accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo así como la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho años .

Asimismo, según ha informado este miércoles el TSJCyL, se acusa de un delito de aprovechamiento de información privilegiada y otro de fraude a un ente público a los administradores de Eipsa y Civil 4 J.A.L.J y D. B. D, respectivamente.

Para ellos, el Ministerio Fiscal pide una pena de 1,02

millones de euros por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, con responsabilidad personal subsidiaria de 8 meses de prisión, y por el fraude a ente público solicita la pena de un año y ocho meses de cárcel.

La investigación, recaída en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid fue auspiciada desde la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y se encuentra centrada exclusivamente en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo, que recayó a primeros de 2011 en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408.714,24 euros.

Al concurso se presentaron 27 ofertas, si bien fue la citada UTE la que obtuvo la mayor puntuación, con 88 puntos sobre 100, aunque el juez instructor, a tenor de las diligencias practicadas, advierte de que a pesar de que el proceso de adjudicación seguido es correcto, "en realidad estaba preparado previo acuerdo con la finalidad de adjudicárselo a Civil 4 y Eipsa", para lo cual los imputados mantuvieron diversas reuniones previas y mantuvieron contactos telefónicos al objeto de "adecuar los pliegos del concurso público próximo a licitar".

Los hechos trascendieron públicamente a raíz de la detención, el 21 de junio de 2012, de la funcionaria Belén G.G. en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, en cuyo transcurso los actuantes registraron no sólo su despacho sino, posteriormente, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.