El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido un trabajo "constante, coherente y efectivo" del Gobierno autonómico en apoyo a las familias en riesgo de desahucio y ha asegurado que el sistema que para tal fin se ha creado ha apoyado a 3.937 familias, con la solución en la "práctica totalidad" de los casos.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha expresado así en el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, en relación al servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.

Fernández ha destacado la importancia de ese problema y ha acusado a Herrera y a su Gobierno de incumplir el Estatuto de Autonomía al no propiciar el acceso a una vivienda digna, "por más que quieran maquillar las cifras que utilizan a su conveniencia".

Así ha afirmado que lo han dicho el Consejo Económico y Social (CES) o el Procurador del Común, pero además ha señalado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha cifrado en 509.000 personas en la Comunidad las que están en riesgo de exclusión social, "una quinta parte" de los ciudadanos que se encuentran en una "dramática situación" que les impide acceder a una vivienda digna.

Pablo Fernández ha asegurado que hay una pérdida de confianza y ha culpado a las políticas "neoliberales" del PP de esta situación, por lo que ha pedido que se pongan en marcha todas las medidas y recursos necesarios para que la gente pueda acceder a una vivienda.

El procurador de Podemos, quien ha afirmado que le gustaría ver a Herrera en los barrios "más deprimidos" de la Comunidad "palpando" la realidad, tras lo que ha recordado que el CES cifra en 2.600 y 2.670 los lanzamientos llevados a cabo en Castilla y León en 2013 y 2014 y en 778 en lo que va de año, cuando hay 300.000 viviendas vacías.

Además, ha criticado que los fondos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para políticas en materia de vivienda y suelo se hayan reducido en más de un 50 por ciento entre 2006 y 2014, al pasar de 88 a 44 millones de euros, cuando la crisis ha dejado "en la calle" a cientos de personas.

Fernández ha concretado que más de 15.000 personas pidieron ayudas a la vivienda para este año y sólo 2.500 accedieron a ellas, pero además no se les ha hecho efectivo el pago, tras lo que ha criticado que se debatiera en la anterior sesión plenaria sobre el techo de gasto y Herrera se ausentara del debate cuando Podemos presentó una propuesta para destinar 64 millones a un parque público de vivienda en alquiler y el Grupo Popular hablara de que destinaría 8.864 millones de euros a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cuando sólo 19 se dedican a vivienda, "muy pocos".

"CICATEROS"

El procurador ha acusado al Ejecutivo de ser "cicatero" en materia de política contra los desahucios y ha pedido a Herrera que se "mire al espejo" y "cambie las gafas por otras que le permitan palpar la realidad".

Frente a ello, Herrera ha criticado a Fernández por "sobreactuar" y le ha pedido que sea más concreto al hablar de desahucios en lugar de referirse a todo lo referido a vivienda, ya que a su juicio casi ha tratado de convertir una pregunta en una interpelación en esta materia.

En este contexto, ha señalado otro dato del INE referido a las 184 ejecuciones hipotecarias a personas físicas que se han registrado en el segundo trimestre de 2015, un dato que ha reprochado a Fernández que no haya dado.

A continuación, ha explicado que 3.937 familias han recibido el apoyo del sistema de atención a personas en riesgo de desahucio, con la "solución a la práctica totalidad de los casos", tras lo que ha recordado que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto como ejemplo el sistema puesto en marcha por Castilla y León, junto al de Cataluña y País Vasco, pero además el sistema ha recibido un premio de buenas prácticas de la ONU, entre otros.

Herrera ha asegurado que el trabajo es "constante, coherente y efectivo" y ha señalado que en 2012 se paralizaron todos los desahucios administrativos en el parque público, se ha firmado un convenio en esta materia con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se ha aprobado el Decreto Ley 16 de diciembre de 2013 acordado en el marco del Diálogo Social en materia de medidas urgentes, se han aprobado ayudas extraordinarias para apoyar a familias sobreendeudadas con todos sus miembros en paro o se ha dado el visto bueno, en la última semana, a las medidas de apoyo al alquiler con mejoras para un mayor acceso.

Por todo ello, ha valorado el trabajo de la red de apoyo a estas personas tanto "por los datos" como por la opinión de los expertos, cuando la "perla" del programa de Podemos era la emisión, por parte de un servicio público, de calificaciones de "buenas prácticas" en materia de desahucios a entidades bancarias.