El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebra el jueves a las 10,00 horas un pleno extraordinario para debatir una modificación puntual de sus normas urbanísticas, para establecer unas "distancias mínimas" entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable". En concreto, esa distancia mínima sería de "dos kilómetros".

Esta sesión plenaria de carácter extraordinario surge después de que la planta cementera de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá, al pie de la autovía A92, haya logrado el visto bueno de la Junta de Andalucía para modificar su autorización ambiental integrada (AAI) de cara a la incineración de derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su ambiental integrada, la planta contará con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

Restricciones previas

Pues bien, el pleno de Alcalá, en concreto, debatirá la aprobación inicial de una modificación puntual de las normas urbanísticas de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con efectos en el artículo 310 "y otros". El expediente en cuestión, recogido por Europa Press, expone que el 20 de junio de 2014, el pleno acordó "formular una modificación puntual del PGOU, al objeto de regular la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", aprobando "la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

Ahora, la nueva modificación pretende regular "las condiciones de compatibilidad aplicables al uso industrial, referidas a las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo y la determinación de distancias mínimas respecto de zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial". "Se propone la modificación del artículo 310, que señala los requisitos que deben cumplir determinadas actividades industriales para que puedan ser consideradas compatibles con otros usos, introduciendo un nuevo apartado que establezca que las actividades de valorización energética de residuos mediante su incineración sólo se autorizarán cuando se sitúen a más de dos kilómetros de suelos residenciales", figura en el "informe técnico" del expediente.

Así, el pleno debatirá el jueves aprobar inicialmente esta modificación puntual del PGOU relativa al "artículo 310" sobre la "implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", con "la suspensión por plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".