La Fiscalía General del Estado ha concedido una prórroga de seis meses a la Fiscalía Superior de Andalucía en las diligencias de investigación que mantiene abiertas en relación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, tras ser denunciado por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

Ramírez de Arellano fue denunciado el 27 de marzo por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación el 1 de abril que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que el departamento de María José Segarra tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior, lo que se produjo el día 18 de agosto.

Como miembro del Consejo de Gobierno andaluz, según el Estatuto de Andalucía, la investigación y eventual enjuiciamiento para exigir posibles responsabilidades correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota de prensa.

La ampliación del plazo de las diligencias de investigación iniciadas permitirá continuar con las diversas comprobaciones documentales y la práctica de algunas diligencias de prueba para que la Fiscalía Superior de Andalucía pueda adoptar la decisión que corresponda "con suficientes garantías".

La denuncia

Ramírez de Arellano fue denunciado por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. El Colegio de Arquitectos de Sevilla denunció al actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense por entender que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

Los denunciantes consideran "contradictorio" que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.

Así, el Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación, y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la US "nunca" ha puesto en manos del colegio el expediente administrativo.