La Archidiócesis de Mérida-Badajoz tramita una veintena de nulidades matrimoniales al año, de las cuáles una decena se realizan en primera instancia, y el resto en segunda instancia, las provenientes de Coria-Cáceres y Plasencia.

Así lo indica el vicario judicial, Julián García Franganillo, en una entrevista en la publicación 'Iglesia en Camino' que edita la archidiócesis, recogida por Europa Press, en la que además señala que la mitad de las nulidades tramitadas en los cuatro últimos años se han tramitado de forma gratuita, y el resto han pagado los 600 euros de coste de forma total o parcial.

El vicario judicial aclara no obstante que un tribunal no anula matrimonios, lo que hace es "declarar que ese matrimonio fue nulo, es decir, que nunca hubo matrimonio", un aspecto que es necesario demostrar, lo que en ocasiones genera gastos periciales.

García Franganillo insiste además que en realidad lo que se declara es que no existió el sacramento del matrimonio. Las razones que llevan a este fin son circunstancias que impidieron que ese "contrato" fuera "verdadero contrato, bien porque hubo algún impedimento: edad, impotencia, vínculo preexistente; o algún defecto de consentimiento, es decir, consentimiento prestado bajo violencia o miedo, simulado, excluyendo algunas de las obligaciones del matrimonio o que uno de los contrayentes carece de suficiente uso de razón, padece un grave defecto de discreción de juicio o es incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio".

En cuanto al perfil de las personas que solicitan la nulidad, ha señalado que, de su experiencia al frente de este tribunal durante los últimos 31 años, suele ser "gente divorciada que han encontrado otra persona con la que rehacer su vida y que, por sus sentimientos religiosos, quieren regularizar esa situación por la Iglesia".

"Piden la declaración de nulidad de su primer matrimonio para regularizar eclesiásticamente su vida en la Iglesia viviendo como matrimonio", añade García Franganillo.

En cuanto a los cambios introducidos por el Papa Francisco en torno a esta cuestión, aclara que consiste fundamentalmente en suprimir la segunda instancia. "Hasta ahora, para que una sentencia sea firme era necesario que existiesen dos sentencias concordes, en 1ª instancia y en 2ª instancia. Para hacer más rápido el proceso, el Papa establece que la 2ª instancia no es necesaria", aclara.

Asimismo, añade que "si la 1ª es afirmativa, se convierte en firme. Únicamente haría falta la 2ª instancia cuando una de las dos partes no está de acuerdo con la sentencia y apela".

600

Euros por proceso

Con respecto a la gratuidad del proceso, explica que en la archidiócesis las costas judiciales están fijadas por los obispos de las tres diócesis de la Provincia Eclesiástica, en un importe de

600 euros. No obstante, indica que aquellas personas cuyos ingresos no llegan al doble del salario mínimo interprofesional se les concede justicia gratuita o reducción en las tasas.

En concreto, el vicario judicial indica que en los cuatro últimos años "casi un 50% han sido justicia gratuita, el resto ha pagado íntegra o parcialmente".