CECE reclama a Educación una intervención "inmediata" para regularizar la situación de comedores en zonas de exclusión

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A)ha remitido un escrito dirigido a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, en el que le instan a una intervención "inmediata" para regularizar la "injusta" situación de centros privados concertados, principalmente en las provincias de Granada y Málaga, que vienen prestando el servicio de comedor, estando sus usuarios en "la más absoluta situación de exclusión social".

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A)ha remitido un escrito dirigido a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, en el que le instan a una intervención "inmediata" para regularizar la "injusta" situación de centros privados concertados, principalmente en las provincias de Granada y Málaga, que vienen prestando el servicio de comedor, estando sus usuarios en "la más absoluta situación de exclusión social".

En el documento, consultado por Europa Press, CECE explica cómo este servicio viene siendo prestado desde hace más de una década y siendo abonado por la administración hasta el curso 2013-14, cuando dejó de hacerse "por falta de instrumento jurídico".

Los centros, a pesar de los impagos de la administración, "no pueden dejar de proporcionarles el almuerzo a estos alumnos dada la situación tan alarmante en la que se encuentran, cargándose de deudas con los proveedores, ante la absoluta imposibilidad de cobrar nada por ello".

Para el colectivo, "no es admisible" que esta situación se esté produciendo por falta de instrumentos jurídicos, pues debiera ser "una actuación urgente y preferente" de la Consejería, "al tratarse del derecho más básico que pueda tener una familia".

Esta situación ha llevado consigo un "empobrecimiento injusto" de los centros que están prestando el servicio, "además de ser lamentable desde todos los puntos de vista, por la especial situación de los alumnos y familias afectadas".

Por todo ello, se insta desde CECE al Ejecutivo autonómico a terminar con una situación que supone "un quebranto económico y en la confianza legítima del administrado, pues son más de diez años los que llevan alimentando a alumnos especialmente desfavorecidos".

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