La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado que, en la tramitación y justificación de expedientes de subvenciones con cargo al programa presupuestario 44b, Cambio Climático, Prevención y Calidad Ambiental, se ha detectado que "no se acreditan adecuadamente las razones de interés público y social para la utilización del procedimiento de concesión directa de subvenciones y se incluyen como justificación de materiales, gastos que no tienen esa naturaleza".

En su informe de fiscalización sobre 'Análisis del programa presupuestario 44b, Cambio Climático, Prevención y Calidad Ambiental', el ente fiscalizador analiza una serie de expedientes de gastos tramitados que han sido imputados a este programa presupuestario, donde se ha detectado que "se han ampliado los plazos de ejecución de los trabajos encomendados por períodos de tiempo superior a los inicialmente previstos".

Asimismo, apunta que la empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) y con posterioridad la Agencia de Medio Ambiente y Agua "acredita los trabajos que tiene encomendada por la Consejería mediante la emisión de facturas que han repercutido el impuesto sobre el valor añadido". Estas operaciones no estarían sujetas al impuesto a tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia, que ha determinado que las actuaciones que se hagan desde las consejerías a las agencias públicas que dependan de ellas, al ser medio propio de las mismas, "no salen del ámbito de lo público y por lo tanto, no generan tributación por IVA".

En cuanto a la documentación facilitada para el análisis de los expedientes, apunta que "no se ha incluido en algunos casos la documentación objeto de encargo o el resumen detallado de las actuaciones realizadas".

Indican que "se han tramitado por la Consejería expedientes con una codificación incorrecta, lo que provoca que la fiscalización llevada a cabo no haya sido la adecuada, y que la contabilidad presupuestaria indicativa de la ejecución del presupuesto no refleje la finalidad de las operaciones".

El informe apunta que "en la tramitación y justificación de expedientes de subvenciones se ha detectado que no se acreditan adecuadamente las razones de interés público y social para la utilización del procedimiento de concesión directa de subvenciones y se incluyen como justificación de materiales, gastos que no tienen esa naturaleza".

Asimismo, precisa que en un expediente de subvención "el beneficiario ha llevado a cabo la subcontratación de trabajos subvencionados sin que conste esa posibilidad en las bases reguladoras tal y como exige la Ley General de Subvenciones". Además, apunta que "subcontrató la realización de la actividad subvencionada sin dejar constancia en el expediente las condiciones ofertadas ni la justificación de la selección que se llevó a cabo, incumpliendo la Ley General de Subvenciones".

En su informe, el ente fiscalizador recomienda que se adapten las fichas del programa presupuestario y las memorias de cumplimiento de programa que anualmente se publican en la Cuenta General de la comunidad, "a la terminología utilizada en los documentos estratégicos y diversos planes elaborados por la administración".

En cuanto al seguimiento efectuado por la Consejería a las actuaciones estratégicas, respecto al seguimiento a llevar a cabo al Plan Andaluz de Acción por el Clima, la Consejería de Medio Ambiente en abril de 2013 elaboró una memoria de los trabajos realizados en las áreas de mitigación, adaptación y comunicación del cambio climático referido a los años 2010 y 2011.

En ese punto precisa que "se ha detectado que en algunos apartados se concreta un número de actividades que difieren ligeramente de la cuantificación efectuada en los indicadores presupuestarios", de manera que "si bien la Consejería lleva a cabo el seguimiento de las actuaciones que se han desarrollado, la información que se detalla no es homogénea respecto a la utilizada en los documentos presupuestarios".

Por ello, se recomienda que en la confección de las fichas de cumplimiento de objetivos del programa y las memorias de cumplimiento "se incluyan las actuaciones concretas que se llevan a cabo por los servicios de la Consejería y que a su vez guarden uniformidad con los detallados en los documentos de seguimiento que se elaboran".

Ha explicado que durante 2010 y 2011 los créditos destinados al programa "se incrementaron a través de modificaciones presupuestarias en un 25 y un nueve por ciento respectivamente, pero los niveles de ejecución únicamente alcanzaron el 50 por ciento en 2010 y el 41 por ciento en 2011". En el año 2012 se registró un nivel de ejecución superior hasta alcanzar un 87 por ciento "pero se tramitaron modificaciones presupuestarias que disminuyeron los créditos definitivos en un 30 por ciento respecto a los créditos iniciales".

El informe precisa que estas modificaciones presupuestarias tanto positivas como negativas "no han tenido su repercusión en la cuantificación que se hace de los indicadores presupuestarios". Así, apunta que "en las fichas de cumplimiento del programa no vienen reflejados ni los importes por los que se modifica el programa ni las consecuencias que pudieran tener sobre los objetivos programados".

Uniformidad en la formulación de objetivos y actividades

El informe resalta la "uniformidad" de la Junta a la hora de formular los objetivos y actividades del programa, en cuanto a la terminología y definición utilizada entre los documentos del Presupuesto y los de la Cuenta General. Ello "refleja la consistencia entre ejercicios presupuestarios en cuanto a la definición de los objetivos y actividades incluidas en los documentos presupuestarios".

No obstante, "se han detectado determinadas debilidades que contravienen las exigencias previstas en la memoria de cumplimiento de objetivos programados de la Cuenta General". Así, apunta que "en la descripción de los objetivos no se cuantifican el grado de cumplimiento alcanzado, y en el análisis de los resultados obtenidos no se hace mención a la evolución en relación con ejercicios anteriores, ni los recursos humanos afectos a cada indicador".

En cuanto a los indicadores presupuestarios definidos, del ejercicio

2010 al ejercicio 2011 ha aumentado el número de indicadores presupuestarios de 16 a 22 "y únicamente coinciden nueve de ellos".

Asimismo, "prácticamente la totalidad de los indicadores presupuestarios elaborados por la Consejería en relación al programa 44B, no refleja la actividad llevada a cabo por la Consejería, y se han detectado diferencias, en algunos casos, significativas, entre la información publicada y los registros de actividad de los servicios que gestionan los indicadores".

Todo esto ha llevado a la Cámara de Cuentas recomendar a la Consejería de Medio Ambiente que lleve a cabo "una revisión de los indicadores presupuestarios a publicar que sean coherentes con los objetivos definidos para el programa" y que la información previsional y de ejecución que se publique "sea coherente con la actividad real llevada a cabo por los servicios gestores de la Consejería, eliminando o redefiniendo aquellos indicadores que resulten innecesarios".

También se ha recomendado que los indicadores que se formulen "guarden relación con las medidas e indicadores definidos en los documentos estratégicos aprobados por la administración, lo que permitiría un seguimiento anual de la consecución de estas medidas".