CCOO y UGT inician en Cantabria la recogida de firmas para su ILP por una prestación de ingresos mínimo de 426 euros

Ambos sindicatos plantean a través de iniciativa legislativa popular una medida que afectaría a unos 20.000 cántabros sin recursos

Los sindicatos CCOO y UGT han iniciado este jueves en Cantabria la recogida de firmas para su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se implante una prestación de ingresos mínimos de ámbito estatal de 426 euros mensuales de la que, estiman, se beneficiarían dos millones de españoles sin apenas recursos, unos 20.000 de la Comunidad Autónoma.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, han presentado este jueves en rueda de prensa esta campaña de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) , que propondrán secundar a colectivos, asociaciones y organizaciones sociales, así como a alcaldes y al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

Ambos dirigentes sindicales han precisado que el objetivo es completar el número de firmas requerida para la ILP (medio millón de firmas) en los dos próximos meses y antes de las elecciones generales porque "lo que queremos es influir en los programas electorales de los partidos políticos con compromisos concretos y reales".

Sánchez y Cedrún han matizado que lo que plantea la ILP es una prestación de ingresos mínimos de ámbito estatal, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y regulada a través de la Seguridad Social, y no como hasta ahora que este tipo de prestaciones han sido competencia de las comunidades autónomas.

En este sentido, Cedrún ha recordado que UGT y CCOO ya reclamaron una prestación similar en los años noventa pero en un contexto diferente "porque en aquella ocasión era para personas ajenas al mercado de trabajo y ahora se propone también para trabajadores sin empleo que hayan agotado sus prestaciones por desempleo".

"Hoy la realidad es bien distinta y la pobreza se ha extendido incluso a las personas que tienen un empleo cada vez más precario y ni que decir tiene a los que no lo tienen y ya no pueden acceder a una prestación por desempleo", ha agregado la secretaria general de UGT.

En este punto, ha recalcado que en la actualidad "en Cantabria más de la mitad de los desempleados ya no perciben prestación desempleo, 21.978 el pasado mes de agosto, que implica un incremento de más de un 95% con los que había en el año 2008".

Sánchez ha explicado que esta renta mínima que proponen CCOO y UGT estaría dirigida a personas de ente 16 y 64 años, es decir, en edad de trabajar, que estén en situación de desempleo o que son "trabajadores pobres", la que los sindicatos consideran que es la nueva clase social formada por personas que, aún trabajando, no tienen los suficientes ingresos para subsistir.

Pobreza en desempleados y trabajadores

Para Cedrún, "la crisis, las políticas de recorte y austeridad y la hegemonía de un empleo cada vez más precario y de escasa cotización para acceder a una prestación contributiva provoca que la tasa de pobreza en Cantabria para los que tienen un empleo sea ya de un 18% y de un 51% para los desempleados".

Por ello, ha aclarado que el planteamiento de UGT y de CCOO es de una prestación de ámbito estatal y con cargo a los presupuestos generales del Estado porque "lo que no puede ser es que este tipo de prestaciones para los más necesitados, como la Renta Social Básica en Cantabria, dependan exclusivamente de la voluntad de los gobiernos autonómicos de turno".

En este sentido, la secretaria general de UGT ha recordado que en el inicio de su mandato el anterior Gobierno de Cantabria presidido por Ignacio Diego "modificó y endureció los requisitos para acceder a la Renta Social Básica para así disminuir el número de sus beneficiarios".

Según los datos facilitados por los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, la prestación de ingresos mínimos planteada en la ILP implicaría un coste aproximado de unos 100 millones de euros en la región, A nivel nacional, esta renta mínima requeriría un presupuesto anual de unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB, y que, según propone la iniciativa, serían financiados por el Estado bien con "la redistribución de ingresos" o incluso "subiendo impuestos", ha manifestado Sánchez, que ha insistido en que "es cuestión de justicia social".

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