El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este jueves, ha aprobado el decreto que recoge las normas de condicionalidad en el ámbito del medio ambiente, la salud pública y el bienestar de los animales, que deben cumplir los agricultores y ganaderos que soliciten ayudas de la Política Agrícola Común en el periodo 2015-2020.

El conjunto de las ayudas que tendrá este decreto como referencia supone una financiación para el sector agrario de más de 1.000 millones de euros al año en Castilla y León.

El decreto que se ha aprobado hoy adapta la normativa autonómica a las legislaciones nacional y comunitaria actuales. Lleva consigo, respecto a los beneficiarios de las ayudas de la PAC, la determinación del órgano responsable de la verificación de los requisitos, en este caso la Consejería de Agricultura y Ganadería, el órgano responsable de la coordinación de actuaciones en controles sectoriales en el ámbito medioambiental y de salud pública, que también será el mismo departamento y los órganos que podrán realizar actuaciones sectoriales específicas, que serán las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Sanidad, que trasladarán los resultados de sus actuaciones al área de Milagros Marcos.

Por otra parte, el decreto también lleva consigo una simplificación respecto al periodo anterior. Se han reducido los requisitos a cumplir y afectará a un menor número de beneficiarios al quedar excluidos del sistema de control y penalizaciones los solicitantes incluidos en el Régimen de Pequeños Agricultores.

Entre las exigencias que se han suprimido destacan cuatro requisitos legales de gestión relativos al uso de lodos de depuradora y a las notificaciones de enfermedades en animales, y ocho normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra relacionadas con el mantenimiento de olivares y viñedos, pastos y terrazas de retención.

En cuanto a las obligaciones que se mantienen, cobran especial relevancia los aspectos relacionados con el agua, contemplados en cuatro requisitos relativos a la contaminación por nitratos, a la protección de aguas subterráneas, a la creación de márgenes de protección en los ríos y a los procedimientos de autorización del uso del agua para el riego.

Este decreto permitirá que las ayudas directas de la PAC y determinadas medidas incluidas en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural, como ayudas agroambientales, tengan garantizado un responsable de verificación de requisitos que son demandados por la sociedad.