El Ejecutivo regional ha acordado que se eleve este mismo miércoles al Tribunal de Cuentas el expediente relativo a la situación patrimonial de la empresa pública Desaladora de Escombreras, al considerarlo como "único órgano competente en dirimir los casos de responsabilidad o alcance contable".

La portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, ha recordado que el pasado 13 de julio, el Consejo Gobierno tomó conocimiento de los informes de la Intervención General y del informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad acerca de la situación patrimonial de la empresa pública Desaladora de Escombreras, de los que dio traslado a la Fiscalía de manera inmediata.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, ha recordado que el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos instaba a que, si existía responsabilidad contable en los actos que se han producido en relación con la desaladora de Escombreras, estos "deberían ser indicados".

En cambio, Arroyo ha defendido que "no es el Ejecutivo regional el que tiene que tomar esa decisión", y lo que ha hecho el Gobierno ha sido analizar el informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda, que indicaba que era el Tribunal de Cuentas el único órgano competente para dirimir responsabilidades, por lo que ha decidido enviarle toda la documentación de la que dispone.

Antes de que se cumplan los cien días de este Ejecutivo, Arroyo defiende que el Consejo de Gobierno ha adoptado este acuerdo en un ejercicio "máximo" de transparencia, que es "el principio que rige todas las decisiones que toma la Administración regional".

Arroyo ha recordado que el 13 de julio de 2015, coincidiendo con la celebración del segundo Consejo de Gobierno, el Ejecutivo tomó conocimiento del informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de 24 de junio de 2015 sobre la Sociedad Mercantil Regional Desaladora de Escombreras, basado en los informes emitidos por la Intervención General con fecha de 30 de abril y 18 de mayo de 2015 en el que se acordaba dar traslado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de dichos informes. Dicho traslado se realizó el día siguiente, el 14 de julio.

Paralelamente, Arroyo ha recordado que se instó a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Agricultura a que formularan las propuestas de actuación que consideraran oportunas al respecto.