Tribunales.- El funcionario de Castilblanco acusado de desfalcar 185.000 euros lo niega y pide el archivo

El funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) acusado de desfalcar 185.551,89 euros de las arcas municipales ha negado haberse apropiado de "dinero alguno" y, por ello, ha solicitado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones lideradas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

El funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) acusado de desfalcar 185.551,89 euros de las arcas municipales ha negado haberse apropiado de "dinero alguno" y, por ello, ha solicitado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones lideradas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

El abogado del imputado, Luis Romero Santos, ha informado a Europa Press de que el auto de fecha 28 de julio de 2013 por el que el Juzgado incoaba el procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado se encuentra recurrido en reforma, y en el mismo la defensa de J.M.V.L. pide el archivo de las actuaciones en base al principio de presunción de inocencia y al principio 'in dubio pro reo'.

En este sentido, el letrado señala que de la instrucción "resulta dudoso" que su patrocinado se haya apropiado de la suma de 185.551,89 euros, "ya que se ha acreditado a través de las testificales que el personal del departamento de administración, atención al ciudadano y recaudación del Ayuntamiento cobraba y hacía cartas de pago".

También ha resultado acreditado, según el abogado, que "el dinero se ingresaba a diario en el banco, que estas funciones no eran realizadas únicamente" por el imputado, "sino por más compañeros", que las llaves "estaban al alcance de cualquier empleado y podía ser utilizada por cualquier persona del departamento".

Pericial caligráfica

El abogado indica que, a través de la pericial caligráfica realizada por la perito judicial, que coteja la firma del alcalde y la del encausado, "se ha determinado que no se encuentran analogías suficientes a una determinada autoría".

De manera subsidiaria, y en caso de que el Juzgado rechazara el archivo del procedimiento, el abogado del imputado ha solicitado que presten declaración dos testigos, una solicitud que se realizó el 25 de febrero de 2015, sin que "a día de hoy se haya proveído nuestro escrito".

El letrado ha defendido que su cliente "no ha participado en forma alguna en la presunta malversación de caudales y en la presunta falsedad documental, por cuanto no tiene nada que ver con estos sucesos", a lo que se suma que "en ningún momento ha alterado ningún expediente municipal ni ha falsificado firma alguna, y mucho menos se ha apropiado de dinero alguno".

Igualmente, "ninguna alteración ni apropiación ha hecho J.M.V.L. en los expedientes de acometida de agua", por lo que su cliente "exige el respeto a su derecho constitucional a la presunción de inocencia" después de haber prestado sus servicios en el Ayuntamiento "desde hace más de 37 años de forma abnegada".

El Juzgado citó a declarar al imputado el pasado día 22 de septiembre, pero la comparecencia fue suspendida debido a que su abogado tenía una vista oral ese mismo día, la cual había sido señalada con anterioridad.

El funcionario más veterano

Según manifestaba a Europa Press el alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez (PSOE), este funcionario llevaba tiempo ligado al Ayuntamiento y trabajaba en las áreas de administración y recaudación. En concreto, era el responsable de la recaudación de los tributos y tasas municipales. Dado que se trataría del funcionario más veterano del Ayuntamiento, "era mucha la confianza" que había depositada en él.

Conforme al camino seguido por diversos expedientes comprendidos en el periodo 2000/2011, la investigación habría puesto de manifiesto que este funcionario habría eludido registrar en la contabilidad municipal el cobro de determinadas licencias abonadas "en ventanilla", apropiándose entonces del importe, o habría "duplicado las cartas de pago" de los ciudadanos con el mismo fin. Incluso, habría falsificado la firma del alcalde para dar efectividad a las licencias de cuyos pagos se habría apropiado.

Fue el propio Ayuntamiento el que, tras descubrir diferentes anomalías, elevó las mismas a la Fiscalía, que de su lado promovió una denuncia contra este funcionario por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando lugar a la vigente causa judicial.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento