La empresa de revisión de valores catastrales Impuestalia ha informado de que "se localizarán discrepancias" en al menos en un diez por ciento de los inmuebles situados en las ochos capitales de provincia de Sevilla, Toledo, Ceuta, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Logroño, Valencia, Valladolid y otros muchos municipios, que han sido incluidas en el Plan de Regularización Catastral del Gobierno central para localizar construcciones no declaradas en estos últimos años. Es una estimación que apunta a que dichos propietarios, según esta empresa, deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.

En 2016 todos los municipios españoles se habrán revisado y cada inmueble pagará correctamente su impuesto, liquidando y haciendo aflorar la defraudación tributaria en cada uno de ellos, ha informado Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la optimización impositiva de IBI y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles.

El motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde el día 1 de enero de 2013.

En dicha disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la administración con la realidad.

La previsión del Gobierno es de que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016 y, según señala la directora de gestión de Impuestalia, Clementina Caballero, "puede haber errores en las regularizaciones".

Así, Impuestalia estima que al menos en el siete por ciento de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, "podrán existir equivocaciones".

Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España —salvo País Vasco y Navarra—, comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.

Para 2016, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, entre los que se encuentran Ibiza, Cornellá de Llobregat, Sant Joan Despí, Vic, Hymanes o Alzira. Del mismo modo, añaden que "esta regularización afectará a cerca del diez por ciento de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes, aunque la cifra puede ser superior".

Tasa de 60 EUROS

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

La reclamación por disconformidad contra este informe del Catastro es una de las vías posibles y sin embargo menos exploradas. "El pago de este nuevo valor aumentado que ahora reclama el Catastro se puede prevenir si es erróneo, y ello consiste en la reclamación por disconformidad contra este nuevo informe", ha asegurado Caballero, de la que se encarga Impuestalia.