Cantabria y otras tres comunidades autónomas —Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja— han solicitado al Consejo de la Trasnaparencia suscribir convenios para que este órgano emita resoluciones sobre las reclamaciones que éstas reciban.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del informe preceptivo que ha elaborado este órgano sobre el Reglamento de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno.

Arizmendi ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que estas cuatro comunidades autónomas hayan pedido al Consejo estos convenios. "Si lo han hecho es porque confían en nosotros", ha opinado.

En su comparecencia, Arizmendi ha criticado que en algunos preceptos del Reglamento de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno se pretenda ir "más allá" de la norma y, entre otras cosas, que busque restringir el acceso a la información sobre retribuciones de altos cargos y empleados públicos.

En su intervención ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Arizmendi ha admitido que desconoce en qué momento de su tramitación se encuentra el Reglamento, pero ha avanzado que sí tiene conocimiento de que se van a incorporar algunas de las sugerencias del Consejo, aunque no ha especificado cuáles.

Arizmendi ha criticado que el órgano que ella preside ni siquiera sea mencionado en el borrador de Reglamento que ha elaborado el Ejecutivo y ha alertado de que contiene preceptos "que parecen ir más allá del desarrollo de la ley porque introduce lo que podría entenderse como criterios interpretativos".

En concreto, ha dejado patente su "preocupación" por el hecho de que el Gobierno haya fijado en el Reglamento un criterio "distinto" al establecido por el propio Consejo y la Agencia de Protección de Datos en lo relativo al acceso a la información sobre las retribuciones de altos cargos y empleados públicos.

En este sentido, ha solicitado que, en contra de lo que propone el borrador gubernamental sobre el Reglamento, no queden excluidas todas las peticiones de datos sobre los sueldos públicos, sino que se "pondere" en cada caso.

Aclarar conceptos jurídicos

También se ha lamentado de que el texto no se haya aprovechado para que los "conceptos jurídicos indeterminados" que, a su juicio, existen en la Ley de Transparencia "dejen de serlo y se conviertan en conceptos jurídicos determinados". Eso sí, ha dejado claro que "si no lo hace el Reglamento, lo hará el Consejo" que, ha remarcado, ya lo está haciendo de facto con algunas de sus resoluciones.

Arizmendi también se ha criticado que el Gobierno pretenda convertir el Portal de Transparencia en "elemento único y fundamental" para el acceso a la información obviando que hay otras muchas fuentes. A su juicio, el texto que prepara el Gobierno también parece restringir las posibilidades de que las solicitudes de información se presenten en los registros públicos, "achicando" así "la puerta de entrada a la transparencia".

También ha puesto pegas al Reglamento en lo que se refiere a las causas de inadmisión de peticiones. Así, ha pedido al Ejecutivo que "acabe con cualquier matiz que haga que ese concepto siga siendo interpretable" y ha propuesto que cuando se inadmita una solicitud porque la información está en elaboración se diga cuándo se va a tardar en tener.

Asimismo, ha solicitado que se especifique qué textos preliminares o borradores quedan excluidos de las posibles peticiones y que no afecte a todos ellos sino, en todo caso, sólo a los que tengan carácter preceptivo.

Aunque considera positivo el "esfuerzo" para centralizar la información sobre anteproyectos o decretos en el secretariado del Ministerio de Presidencia que establece el Reglamento, ha avisado de que esto puede suscitar "alguna situación peligrosa" porque "el que da la cara con la información ante los ciudadanos no es el mismo que la suministra" y habría que "dejar muy claro cual es el margen de responsabilidad de cada uno" en materia de actualización o reutilización de la información.

Señalará a los organismos que no cumplan

Otra de las sugerencias realizadas por el Consejo al Gobierno se refiere a la tramitación de las solicitudes de "información que no obra en poder del sujeto". En el Reglamento no había plazo "para remitirlo al sujeto competente ni reclamarlo de vuelta" y el Consejo ha pedido que se marquen 10 días "para que la administración, por su simple inactividad no cercene derecho de los ciudadanos".

En cualquier caso, Arizmendi ha mostrado su deseo de que el futuro Reglamento suponga "un refuerzo y una apertura todavía mayor dentro del marco que señala la Ley de Transparencia".

Además, ha reconocido que le "gustaría" que el Consejo tuviera "competencias coercitivas" para perseguir a quienes incumplen la ley, pero ha recalcado que ese texto legal no se las otorga. No obstante, ha dejado claro que sí se pueden publicar los nombres de los incumplidores lo que, a su juicio, puede ser incluso más efectivo que una sanción específica.

"manifiestamente ilegal",

Según la oposición

La portavoz socialista de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, ha definido como "un buen informe" el que ha elaborado el Consejo sobre el borrador del Reglamento, si bien considera que "se queda corto en la valoración negativa" del texto del Gobierno, que ha tildado de "deficiente y manifiestamente ilegal" porque busca la "absoluta desvirtuación" de la ley e implanta una "sucesión de obstáculos para que los ciudadanos no puedan ejercer de su derecho"

También ha censurado el borrador el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, quien considera que se está haciendo "de forma clandestina y con opacidad" y ha pedido a Arizmendi que "haga valer sus críticas". Además, ha coincidido con la representante de Convergència, Carme Sayós, en pedir a la presidenta del Consejo que "tenga en cuenta que la transparencia es competencia de las comunidades".

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha remarcado que el Reglamento sigue "en fase de borrador" y que habrá que ver cuál es su redacción definitiva. "Vamos a ver qué ocurre", se ha limitado a comentar.